Este proceso ha sido extraordinariamente complejo, tanto por las numerosas dudas y lagunas que la nueva PAC presenta -que ni siquiera a día de hoy han podido ser despejadas por los responsables de la Administración-, como por la sequía y las consecuencias de la guerra en Ucrania. Ha sido a base de conocimiento y trabajo ímprobo, además de un enorme esfuerzo de interpretación, como se ha podido ir completando las solicitudes. Una burocracia redoblada e inédita que, además, tiene que ir de la mano de su aplicación en el campo, lo que ha generado y está generando multitud de problemas a los agricultores y ganaderos, por haberse diseñado en los despachos.
Con todo, ASAJA está satisfecha de la labor de su gran equipo técnico, más de 150 profesionales desplegados por las nueve provincias de Castilla y León. Y los números avalan el liderazgo de nuestra organización: a falta de los datos finales, ASAJA constata ya una subida notable del número de PAC tramitadas en nuestra organización, que superará por primera vez las 15.000 solicitudes, lo que nos sitúa como principal entidad gestora de este servicio. “Cada vez hacemos más PAC, cada vez sabemos más de PAC, y cada vez son más los profesionales que saben que con ASAJA tienen las mayores garantías”, apunta Donaciano Dujo, presidente de Castilla y León.
Este ascenso del número de PAC tramitadas por ASAJA tiene más valor si se tiene en cuenta que, campaña a campaña, desciende el número total de solicitudes presentadas en Castilla y León, es decir, la tendencia es inversa.
Ahora las solicitudes han de pasar por los diferentes filtros de la Administración. En este sentido, ASAJA pide que este proceso se agilice y que se resuelvan las posibles incidencias que puedan derivarse de una campaña de burocracia compleja y además marcada por la sequía. El objetivo es que todo esté listo para que se abone el anticipo lo antes posible, como ya está aprobado por la Unión Europea.
Por otra parte, ASAJA quiere destacar que esta campaña caótica, más que nunca, hay que valorar el papel de las organizaciones profesionales agrarias como garantes de que en el campo las cosas puedan funcionar, ofreciendo un servicio absolutamente necesario que la Administración ha delegado, o más bien evitado, por la magnitud del esfuerzo que implica. Más que nunca hay que recordar que la Junta de Castilla y León lleva incumpliendo años la Ley Agraria de 2014, que exigía el reconocimiento de las organizaciones profesionales agrarias como entidades colaboradoras del sector, como son de facto. Por el contrario, además de eludir esta obligación, este año 2023 la Consejería ha recortado un 30% la ayuda institucional a las OPA, por no hablar de las escasas facilidades que se están dando desde la Junta para una interlocución fluida con las organizaciones representativas del sector, elegidas democráticamente en las urnas.
