El ministerio de Agricultura ha informado ayer a ASAJA y al resto de las organizaciones profesionales agrarias del sistema de reparto de las ayudas directas al sector agrario y ganadero recogidas en el Real Decreto Ley 4/2023 de medidas contra la sequía, información que a su vez trasladó un día antes a las comunidades autónomas.

ASAJA critica que el Gobierno, que en su día consideró a Castilla y León como comunidad con incidencia media de sequía para el reparto de las ayudas ganaderas, en vez de con incidencia alta, lejos de rectificar, haya sostenido ese mismo error a la hora de fijar de nuevo una catalogación para el reparto de las ayudas agrarias. Al considerar a Castilla y León como territorio con “menor intensidad de sequía”, la ayuda se reduce a la mitad con respecto a territorios considerados de “mayor intensidad de sequía”, usurpando el mes pasado al sector ganadero de esta tierra más de 60 millones de euros.

El Ministerio repartirá para la agricultura de toda España 276,7 millones de euros.  A los agricultores de Castilla y León, de cultivos herbáceos de secano (excluido el girasol), se les ayudará con 20 euros por hectárea declarada en la PAC de 2023, con un máximo de 300 hectáreas, tratando por igual a los agricultores profesionales y a los no profesionales.  Esta ayuda, tal cual se está articulando, supondrá un montante para Castilla y León de tan solo unos 40 millones de euros, otra vez la mitad de lo que le pertenece, por la sequía extrema que ha sufrido en sus cultivos de secano. ASAJA ha pedido, además, que las ayudas se destinen exclusivamente al agricultor profesional, lo que permitiría elevar el importe a más del doble por hectárea.

La organización profesional agraria califica de “escándalo y agravio sin precedentes” que no se considere a Castilla y León como zona de sequía intensa, cuando la realidad es que sí sufre sequía intensa, como bien está constatando Agroseguro en las tasaciones de los siniestros de cultivos herbáceos de secano, y como ha dejado constancia de ello la Junta de Castilla y León mediante Acuerdo 50/2023, de 15 de junio, publicado en el BOCYL del 19 del mismo mes, determinando “catástrofe natural grave que afecta seriamente a las explotaciones”.

En el caso de las ayudas agrícolas además de la sequía, tal como recoge el propio Real Decreto Ley, las ayudas son en compensación por el incremento de costes productivos provocados por el aumento del precio de los insumos, derivado de la situación creada por la invasión de Ucrania, además de por el impacto de la sequía. Por tanto, Castilla y León, con la mayor superficie agrícola de cultivos herbáceos de secano, es la comunidad que acumula más pérdidas, lo que el Ministerio se niega a reconocer.

El presidente de ASAJA de Castilla y León, Donaciano Dujo, presente en la reunión con el secretario del Ministerio, Fernando Miranda, expresó su total oposición a esta decisión del departamento, “que deja a los agricultores y ganaderos en una situación crítica para encarar los gastos que vienen, y encima con el trato discriminatorio que se tiene con Castilla y León, que es la comunidad puntera de España en muchas producciones agroganaderas, empezando por el cereal, y como tal la que va a padecer mayores pérdidas”. ASAJA no frenará sus reivindicaciones, también transmitidas a la delegada del Gobierno, Virginia Barcones, “porque es preciso que el ministerio reconozca la gravedad de la situación y admita unas peticiones que son de justicia, y además está en juego la continuidad de miles de explotaciones”, afirma Donaciano Dujo.