ASAJA de Castilla y León ha calificado como “totalmente decepcionante” la reunión celebrada esta mañana con la Consejería de Economía e Industria para tratar el grave problema al que se enfrentan miles de tractores en la Comunidad Autónoma, cuyo permiso de circulación depende de que en las ITV les den paso según cómo se interprete una controvertida normativa nacional
ASAJA de Castilla y León ha calificado como “totalmente decepcionante” la reunión celebrada esta mañana con la Consejería de Economía e Industria para tratar el grave problema al que se enfrentan miles de tractores en la Comunidad Autónoma, cuyo permiso de circulación depende de que en las ITV les den paso según cómo se interprete una controvertida normativa nacional.
En la reunión, a la que no ha asistido ningún responsable político de la Dirección General de Industria e Innovación Tecnológica de la Consejería, los técnicos del departamento se han enrocado en su postura de defender, sin más dilación, la aplicación desde el próximo 1 de enero del informe del director de la Estación de Mecánica Agrícola, dependiente del Ministerio, un informe no vinculante ni incorporado al Manual de Procedimiento de Inspección que rige los parámetros en los que han de moverse las citadas estaciones de ITV.
La aplicación de los requisitos que recoge este polémico informe significaría que más de 15.000 tractores de la Comunidad Autónoma, los matriculados en los años ochenta, tendrían grandes dificultades para superar las ITV, por un defecto mínimo que para nada compromete la seguridad vial: el modo en que está instalado el “revestimiento”, las cabinas que se montaron en estos tractores. ASAJA critica que “la administración se obceca en que se cumpla un requisito que no aporta nada más que más burocracia, más papeles y más coste económico para los agricultores”.
La postura de ASAJA y del resto de organizaciones profesionales agrarias es unánime sobre la necesidad de que en Castilla y León, como otras comunidades autónomas, no se tenga en cuenta este informe hasta que no se pronuncie el Ministerio de Agricultura y establezca los requisitos a exigir, de una forma vinculante y unánime para todo el país. Por este motivo, las organizaciones profesionales agrarias han acordado realizar una petición conjunta y urgente de reunión con el consejero de Economía e Industria, Tomás Villanueva, para hallar lo antes posible una solución definitiva y negociada con el sector.
