Ni los productores de lino que han hecho bien las cosas, ni los escasos fondos de la Consejería de Agricultura y Ganadería, deben ser los paganos de la corrección financiera decretada por Bruselas.
Para ASAJA, se trata de un presupuesto continuista, vacío de contenido político y sin novedades importantes, en el que ni siquiera se tiene en cuenta que entramos en un año electoral, dando por hecho el Gobierno del Partido Popular que tiene ganado el voto del campo de la Región. La OPA recuerda que, mientras el presupuesto sube el 6,6 por ciento, los ingresos por tasas del sector agrícola y ganadero han crecido un 17,91, y ya que el presupuesto de Agricultura no ha crecido en la misma proporción, al menos sería conveniente que desde la Consejería de Economía y Hacienda se revirtiera íntegramente este ingreso a nuestro sector.
La OPA lamenta que no se haya sabido defender la profesionalidad de una buena parte de los agricultores de lino de Castilla y León, y que ahora puedan pagar justos por pecadores. Desde ASAJA se ha transmitido al Consejero de Agricultura que va a luchar por que los especuladores sean los que paguen, y por que no se recorte ni un solo euro de los profesionales que han hecho bien las cosas (no nos olvidemos que la denuncia de la Comisión a España es por haber seguido un mal sistema de seguimiento y control de las ayudas), ni que los casi 50 millones de Euros que corresponden a Castilla y León puedan salir de los Presupuestos de Agricultura y Ganadería, ya mermados y sin capacidad inversora.
Otro aspecto que denuncia ASAJA, es que cada año, el presupuesto de la Consejería de Agricultura y Ganadería es más opaco y oscurantista y resulta muy difícil conocer cuál es el porcentaje de fondos que aportan las administraciones regional, nacional y europea. La Junta, un año más, se convierte en una mera gestora de fondos comunitarios: su participación en el presupuesto se sitúa por debajo del 30 por ciento del total, es decir, que de cada 100 euros que se invierten, más de 70 provienen del Estado y de la UE.
Un ejemplo claro es el Instituto Tecnológico Agrario, que cuenta con una partida de 12,5 millones procedentes de la UE y el Estado y representa un 2’6 por ciento del incremento total del presupuesto. Parece poco creíble que un ente que no tiene reglamentación propia, carece de sede, personal, equipos y objetivos concretos esté recogido de una manera pormenorizada. ASAJA considera que esta partida está inflada, carece de objetividad y teme que difícilmente llegará a ejecutarse a lo largo del próximo año.
Inversiones
El Capítulo 6 (Inversiones reales) subirá el próximo año en 22 millones de euros, por encima del 20 por ciento. Sin embargo, una parte importante de esta cantidad, 6,5 millones, se destinarán, como ASAJA denunció en su día, a la compra de coches oficiales, mobiliario, material informático y diversos edificios administrativos.
Del resto de inversiones, una buena parte se queda en nada, ya que se dedican a pagar “papel” de estudios, informes y proyectos obras que, o bien no se ejecutan nunca, o bien poco o nada tiene que ver con la agricultura, sino más bien con compromisos del Gobierno regional que se cargan a esta Consejería.
En cambio, las inversiones en infraestructura agraria, nuevos regadíos y concentración parcelaria están muy por debajo de lo que necesita el sector agropecuario para la modernización de las explotaciones.
Transferencias de capital
El Capítulo 7 (Transferencias de capital), que corresponde a las ayudas que llegan directamente al bolsillo de los agricultores y ganaderos, crece de 215 a 217 millones de euros, es decir, un incremento del 0,1 por ciento. Con este casi nulo crecimiento no sólo se estancan todas las líneas de políticas activas y de desarrollo rural, sino que, incomprensiblemente, se van cerrando cada vez más para el sector debido a que se van arrastrando compromisos de ejercicios anteriores.
En este sentido, líneas muy importantes para ASAJA (cese anticipado, incorporación y modernización de explotaciones, indemnización compensatoria y los programas agroambientales) permanecen sin presupuesto año tras año. La indemnización compensatoria, por ejemplo, después de todas las trabas burocráticas impuestas para impedir que el sector presentara los expedientes, va a estar limitada a 1.000 euros por explotación, cuando la normativa de la UE permite un límite máximo de 2.000 euros.
En cuanto a los expedientes de ceses anticipados, éstos duermen meses o, incluso, años hasta que son aprobados por la Administración. El consejero de Agricultura, José Valín, se comprometió con el sector a aprobar este mes los 942 expedientes acumulados de convocatorias pasadas, aunque mucho nos tememos que ese compromiso está muy lejos de la realidad y no serán resueltos en el plazo prometido. Más grave es el hecho de que este año aún no se ha convocado la línea de ayudas de ceses anticipados y, de salir antes de final de año, lo hará con un plazo ínfimo de solicitud para que muchos agricultores interesados no tengan tiempo material para presentar sus solicitudes y comprometer un presupuesto inexistente para 2003.
La falta de dotación presupuestaria lleva a situaciones como las siguientes: existen 2.280 solicitudes de ayudas para la incorporación y modernización, de las cuales, sólo se han resuelto 347, mientras que los programas agroambientales, una línea que ASAJA considera muy importante como complemento de rentas y como impulso de las prácticas compatibles con el medio ambiente, cuenta con fondos para atender sólo a 1.500 de las 7.000 peticiones presentadas. El presupuesto de 2003 no crece un solo euro en esta línea, de manera que todos los años arrastraremos un porcentaje muy elevado de expedientes denegados.
Esta falta de fondos se agrava con las trabas administrativas, la poca agilidad y la cada vez mayor burocratización de la Consejería, que ocasiona muchos problemas a los agricultores y ganaderos y les obliga a perder tiempo de ventanilla en ventanilla, en lugar de dedicarse a sus actividades profesionales.
Las partidas asignadas a otras líneas importantes del Capítulo 7 tampoco crecen o, incluso, disminuyen. Es el caso de las ayudas para las siguientes líneas: industrialización y comercialización de productos agrarios; seguros agrarios; sanidad agraria; inversiones en nueva tecnología y maquinaria, y nuevas explotaciones ganaderas. Las Cámaras Agrarias de Castilla y León también contarán con menos dinero en 2003.
En definitiva, es un presupuesto continuista, vacío de contenido político, sin novedades importantes e incapaz de afrontar las verdaderas necesidades del campo, ni desde el Plan de Desarrollo Regional ni en política de inversiones hidráulicas del Estado. Estas cuentas demuestran que no se van a aprovechar para nada los últimos años en los que Castilla y León sigue siendo Región Objetivo 1, con la consiguiente pérdida de fondos comunitarios.
