ASAJA considera que esta persecución sindical en los juzgados, con tanta insistencia, por parte de Azucarera Ebro se debe a la actitud crítica de sus dirigentes en aspectos relacionados con la campaña remolachera.

Los representantes legales de la compañía Azucarera Ebro han presentado en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de León un recurso de reforma y apelación contra el acuerdo de sobreseimiento de las diligencias penales que se seguían contra el secretario general de ASAJA en Castilla y León, José Antonio Turrado. Azucarera Ebro había presentado el mes de julio del pasado año una denuncia en los Juzgados de León contra José Antonio Turrado acusándole de sendos delitos de injurias y calumnias a raíz de dos comunicados de prensa publicados en diferentes medios los días 27 y 28 de junio.

ASAJA considera que esta persecución sindical en los juzgados, con tanta insistencia, por parte de Azucarera Ebro se debe a la actitud crítica de sus dirigentes en aspectos relacionados con la campaña remolachera. Críticas que los responsables de Azucarera Ebro no quieren asumir como algo lógico y legítimo en el seno de unas relaciones interprofesionales en las que tienen que tener cabida las discrepancias. Las críticas ASAJA en aspectos tan controvertidos como el pago de la remolacha excedentaria, la no reapertura de fábricas para recibir la remolacha que aún queda en el campo, y la falta de transparencia en los análisis de la remolacha, han sido los aspectos que han llevado a la Azucarera a querer amedrentar a la organización, a la vez que desprestigiarla ante la opinión pública.

La organización agraria –que basó gran parte de sus críticas en el hecho de que Azucarera Ebro tenga un proceso pendiente en la Audiencia Nacional a raíz de una denuncia de la Agencia Tributaria al detectar ésta un fraude de 39 millones de euros–, se considera con el legítimo derecho a efectuar dichas críticas ya que, de confirmarse el fraude, además de la Hacienda pública, uno de los grandes perjudicados sería el propio sector remolachero.

ASAJA reitera que todas sus actuaciones se enmarcan en las estrictas relaciones interprofesionales, y que la imputación de delitos es un bulo que crean ciertos directivos de la compañía que con sus propias limitaciones están poniendo en entredicho unas relaciones con el sector, con todo el sector –incluidas otras OPAS–, que nunca habían pasado por peores momentos. Por ello, desde ASAJA de Castilla y León se hace un llamamiento a los principales accionistas de la compañía para poner orden en una empresa que tiene la obligación, al menos, de tratar con respeto al sector agrario de la región y a sus dirigentes.