Un año desconcertante. 2004 pasará a la historia con un regusto amargo para el campo, a pesar de que la cosecha fue, en general, buena. Los vaivenes políticos y la irregularidad de los mercados han acabado con la esperanza de los productores, que viven en permanente incertidumbre, sin saber qué ocurrirá mañana con sus explotaciones. Y en los últimos días, llegó la guinda: el desacoplamiento parcial, la peor de las alternativas posibles. En resumen, un año “gafe”.
AGRICULTURA
CEREALES DE INVIERNO
La producción global española de cereales de otoño-invierno ha sido un 18 por ciento superior a la de la campaña pasada, alcanzando una cantidad de 19 millones de toneladas, frente a los 16,1 millones de toneladas del año anterior. Las consecuencias de este aumento hay que buscarlas fundamentalmente en un notable incremento de los rendimientos debido al clima favorable, ya que la superficie cultivada ha sido prácticamente similar. Aunque también hay que decir que ésta ha sido una campaña muy irregular, porque, aunque en general se hayan obtenido mayores rendimientos, también ha habido comarcas con unos resultados más bajos por las elevadas temperaturas que se produjeron en mayo, los efectos de las lluvias irregulares y las tormentas y los ataques de plagas.
La cebada sigue siendo el cereal de invierno “estrella”, con 10,6 millones de toneladas, seguido a distancia del trigo, con 7,1 millones de toneladas, de los que el blando acapara los 4,3 millones de toneladas, mientras que el duro registra una producción de 2,8 millones de toneladas.
En Castilla y León la superficie sembrada de cereal de invierno ha sido de 2.096.143 hectáreas, lo que supone un ligero incremento de un 1% respecto al año anterior. Sin embargo, la producción ha sufrido un incremento del 20%, situándose en 6.923.062 toneladas. Computando el maíz, la cosecha total nacional supera ligeramente los 23,6 millones de toneladas.
En esta campaña se han sembrado en nuestra Comunidad Autónoma 131.906 hectáreas de maíz, un 3% más que la anterior, lo que ha desembocado en un sobrepasamiento de 50.679 hectáreas (incluyendo la retirada) sobre la superficie base asignada a Castilla y León. Una vez efectuados los cálculos de compensación con las superficies no cubiertas en otras Comunidades Autónomas, queda una penalización del 29,86 por ciento para los productores de maíz de Castilla y León. La producción de maíz se estima en 1.292.353 toneladas, un 7,8% más que la campaña previa, aunque aún queda un 50% de la superficie sin recolectar.
También los productores de trigo duro en zonas tradicionales han visto recortado el importe del suplemento de pago a este cultivo debido a que en todas ellas se han rebasado los límites de superficie establecidos. El rebasamiento en las zonas de tradicionales de Castilla y León ha sido del 94,47% en Burgos, el 39,79% en Salamanca y el 125,82% en Zamora, con lo que las penalizaciones han sido el 48,58%, el 28,47% y el 55,72% respectivamente. En lo que respecta a la ayuda específica al trigo duro, que se concede en España a un total de 4.000 hectáreas distribuidas en comarcas fuera de las zonas tradicionales pero en las que este cultivo esté muy asentado, se ha producido un rebasamiento del límite citado del 59,12%, por lo que el coeficiente de penalización a aplicar a la superficie es del 37,15%.
A pesar de ser un buen año, en lo que a producción se refiere, no se puede decir lo mismo de la situación de los precios de los cereales, que ha evolucionado a la baja desde primeros de junio, por una parte debido a la buena cosecha tanto a nivel nacional como comunitario y por otra porque los fabricantes ya se han cubierto de grano procedente de fuera, más barato y de menor calidad, por lo menos hasta final de año.
Finalmente, ASAJA denuncia que, pese a que los cereales han experimentado un descenso en los precios a lo largo del año, los piensos compuestos siguen siendo caros, por encima de los niveles del año pasado, lo que demuestra que a los fabricantes de piensos solamente les preocupa obtener mayores beneficios.
OLEAGINOSAS
La superficie sembrada de girasol en España ha tenido un descenso del 5,6%, siendo esta disminución de superficie mucho más acusada en Castilla y León, donde se ha pasado de las 230.423 hectáreas del pasado año a las 199.967 del presente, lo que supone un descenso superior al 13%. La producción en Castilla y León, al contrario, se ha incrementado debido al aumento de rendimientos por el clima favorable, obteniéndose 202.197 toneladas de pipa, frente a las 198.362 de la pasada campaña.
Como novedad en esta campaña, los productores de girasol han contado con un contrato-tipo que les permite tener un precio de referencia, si bien no establece un precio exacto, sí sirve de referencia al agricultor para poder fijarlo y para decidir en qué momento es más conveniente vender. Se creó una comisión de seguimiento, que se reúne semanal o quincenalmente para dar referencias del precio del aceite, a partir de las cuales se establecen las correspondientes a los precios del girasol.
Los precios se han ido incrementando desde la recolección y rondan los 0,24 euros por kilo y las expectativas apuntan a que se mantendrá esta cotización con cierta tendencia al alza, ya que la producción mundial es normal y no hay exceso de oferta de girasol.
LEGUMINOSAS GRANO
Esta campaña la ayuda a las leguminosas grano, tanto para consumo animal, vezas y yeros, como para consumo humano, garbanzos y lentejas, se cobrará integra, al no haber penalizaciones por rebasamiento de las superficies máximas garantizadas, con lo que el importe final de la ayuda es de 181 euros por hectárea.
En Castilla y León se han cultivado en esta campaña 68.883 hectáreas de leguminosas para consumo animal (57.112 de vezas y 11.771 de yeros), el 27,6% del total de España y 12.999 de leguminosas de consumo humano (4.047 de lentejas y 8.952 de garbanzos), implicando un 11,5% de la superficie nacional. La producción total de las leguminosas en Castilla y León se ha visto reducida ligeramente este año, fundamentalmente por el descenso de producción de veza, la cual ha reducido su superficie sembrada en 3.056 hectáreas, obteniéndose 3.812 toneladas de lentejas, 7.209 de garbanzos, 63.386 de veza y 10.518 de yeros, suponiendo un descenso del 4,5% respecto al producto obtenido en la campaña pasada.
FORRAJES DESHIDRATADOS
En España se produjeron 2.072.382 toneladas de forraje deshidratado en la campaña de comercialización 2003/2004, cantidad que supone un incremento del 9,2% respecto a la campaña anterior.
El pago correspondiente para los forrajes desecados en la campaña de comercialización 2003/2004 ha sufrido una penalización del 3,5% por rebasar la cantidad máxima garantizada para este sector, con lo que la ayuda definitiva queda en 66,15 euros por tonelada.
Castilla y León, con una superficie de 24.920 hectáreas dedicadas a los forrajes desecados, de las cuales un 84% son de alfalfa, ha producido 134.546 toneladas de forraje deshidratado. Estas cifras suponen un considerable incremento respecto a la campaña anterior: un 55% en cuanto a superficie y un 99% en relación a la producción. Este crecimiento espectacular es debido a la incorporación de nuevas plantas transformadoras en la Comunidad Autónoma, lo que genera un valor añadido que anteriormente se estaba marchando a otras Comunidades Autónomas como Aragón y Navarra.
REMOLACHA
El sector remolachero se ha pasado el año 2004 pendiente de Bruselas, las negociaciones para la reforma de la OCM del azúcar ha mantenido en vilo a los remolacheros españoles a lo largo de todo el año. A pesar de que cambiamos de año con unas propuestas nada favorables encima de la mesa, en mayo se oyeron rumores de retrasar la reforma algún tiempo, pero lo que realmente ocurrió es que a finales de junio se filtró un documento que el 14 de julio hizo oficial la Comisión. La aplicación del documento en cuestión supondría en principio unas cuantiosísimas pérdidas, pero lo peor es que la mayoría de nuestros remolacheros no podrían continuar cultivando remolacha ya que lo que obtendrían de su producción apenas sufragaría sus costes de cultivo en el mejor de los casos, lo que conduciría a la desaparición de la remolacha en España. Los cambios más relevantes que contempla el documento es una bajada de precios de un 43 % y de cuotas de un 16,5 %, motivos suficientes para ser capaces de organizar en a penas quince días una multitudinaria manifestación en Bruselas, fletando 4 aviones que salieron de Madrid, Salamanca y Sevilla. El éxito de la manifestación y las presiones posteriores de las OPAs hicieron que el Presidente del Gobierno se comprometiera con el sector haciendo del problema una “cuestión de Estado”. La marcha posterior del comisario Fischler así como las quejas formuladas por varios países, entre los que se encuentra España, han ralentizado la reforma y de momento ya está claro que no entrará en vigor el próximo año como se pretendía inicialmente. En la primavera de 2005 se retomarán los debates en torno a esta cuestión.
Respecto a la campaña de recepción de remolacha 03/04 hay que destacar lo larga que fue, duró más de medio año. Finalizó el 31 de marzo con el cierre de la fábrica de Toro. Las continuas precipitaciones registradas desde el primer día de campaña dificultaron las habituales tareas de recolección de la raíz, provocando el cierre de alguna molturadora. 185 días en los que siempre hubo alguna fábrica abierta. A pesar de todo y pese a la irregularidad del cultivo, finalmente la campaña se pudo calificar como aceptable. En cifras, la campaña 03/04 de la zona norte se saldó con 4.079.574 de toneladas de remolacha líquida, con un descuento medio del 13,09 por ciento y 16,47º de riqueza media. El ratio de producción por hectárea fue de 74,17 toneladas líquidas (77 de remolacha tipo 16º).
En cuanto al cultivo de la campaña en la que nos encontramos actualmente 04/05, las bajas temperaturas registradas durante la primavera en Castilla y León obligaron a resembrar cerca de un 10 por ciento de la superficie de remolacha. Sin embargo posteriormente el cultivo se ha desarrollado sin problemas significativos y la campaña está siendo buena tanto en producción como en riqueza, bastante por encima de la campaña pasada. La campaña de recogida no se ha visto interrumpida y se prevé que finalice en enero de 2005. En la zona sur también se registró una excelente campaña remolachera.
La demanda presentada a lo largo del 2003 en el seno de la OMC, por Brasil, Tailandia y Australia contra el régimen azucarero europeo ha copado el panorama internacional. La decisión del Panel se adoptó en septiembre y fue favorable a los países demandantes, por lo que la UE se ha visto obligada a recurrirla para defender los intereses de su sector remolachero-azucarero. El final del litigio se espera para el primer semestre del 2005 y de mantenerse la sentencia en los términos de esta primera decisión, se complicaría aún más el futuro del sector europeo, por que supondría la exclusión del sistema de cuotas y precios garantizados que tiene actualmente la UE de una cuarta parte de nuestra producción o incluso la prohibición de producir esa cantidad.
VITIVINÍCOLA
La añada de 2004 se ha caracterizado por la calidad. La sanidad y el equilibrio en todos sus parámetros. Esta vendimia se ha diferenciado por su lentitud, prolongándose desde la primera semana de septiembre hasta finales de octubre. Comenzó por la DO Bierzo, donde unas inoportunas lluvias provocaron la aparición de botrytis y, en consecuencia, una considerable reducción en la cantidad. En el caso de la DO Rueda, las cifras han superado en cerca de un 10% las estimaciones iniciales. En la DO Ribera del Duero no se ha pasado de los 75 millones de kilos, como inicialmente se preveía, destacando que, como consecuencia del pedrisco de principios de septiembre, que afectó a cerca de 1.457 hectáreas, las pérdidas podrían cifrarse en más de cinco millones de kilos.
La recolección de la uva en las áreas geográficas de las denominaciones de origen, los vinos de la tierra y las zonas de vinos se ha aproximado a los 225 millones de kilos.
La asignación de fondos para la reestructuración y reconversión del viñedo para la campaña 2004/2005 en Castilla y León ha sido de 8,1 millones de euros, mientras que el presupuesto solicitado mediante los planes de reestructuración del viñedo ha ascendido a 16 millones de euros, entre 19 planes individuales y 15 colectivos. Ante esta situación, la Dirección General de Producción Agropecuaria ha decidido rebajar el porcentaje de ayuda en varias medidas de dichos planes, lo que puede reducir en un 30% la ayuda por hectárea. ASAJA fue la única Organización Profesional Agraria que se opuso tajantemente, desde un principio, a esta reducción del porcentaje de ayuda, siendo partidaria de la aplicación de las prioridades que establece la orden de convocatoria.
ASAJA ha defendido a lo largo del año que sean los intereses de los viticultores los que se primen al determinar el contenido de la Ley de la Viña y del Vino de Castilla y León cuyo proyecto está pendiente de debatirse en las Cortes. Los puntos contenidos en el borrador del anteproyecto que más han sido discutidos por ASAJA han sido aquel en el que se propone que puedan existir vinos de pago fuera de las denominaciones de origen, algo que iría en contra de la calidad de la producción y que sólo beneficiaría a determinadas bodegas que escaparían del control de los consejos reguladores. Por otra parte, en el anteproyecto se autoriza el riego en la vid con carácter general para toda Castilla y León, cuando en la Ley nacional se deja en manos de las normas reguladoras de los consejos de las denominaciones de origen. Esta última vía parece la más lógica y justa, ya que la contraria parece beneficiar más a grandes inversores que se han apuntado a última hora al viñedo, instalando sofisticados riegos por goteo, que a los buenos viticultores tradicionales, que apuestan por la calidad incluso a costa de conseguir menos kilos de producción.
Además, ASAJA se ha manifestado en contra de la elección por estratos de los vocales de los viticultores en función de su estructura productiva, alegando que esto supone una complicación en el proceso electoral y que, en función de los estratos elegidos, podría no haber una representación equitativa con la realidad estructural y social del sector, perdiendo representatividad los pequeños y medianos viticultores.
PATATA
En esta campaña se han plantado en Castilla y León 21.913 hectáreas de patata, lo que supone un descenso del 5,1% respecto al año anterior. Sin embargo, la cosecha de patata ha sido ligeramente superior, obteniéndose una producción de 875.355 toneladas
La situación del mercado no hacía suponer que se produjera un descenso de precios, ya que no había remanentes de patata vieja y el consumo ha aumentado este año un 4%, pero los productores de la región han soportado una nueva crisis, con una constante caída en picado del precio de la patata en origen, que se les está pagando entre 5 y 6 céntimos, que no cubren los costes de producción, que rondan los 11 céntimos, mientras el precio de venta en las tiendas no baja de los 0,50€ el kilo de patatas. La entrada de la patata de Francia, país en el que también hay una buena cosecha, también ha contribuido a este hundimiento de los precios.
ASAJA reclama, por tanto, la atención de la Administración regional a una situación sin regularización alguna en la que la única alternativa para el agricultor es la de asociarse o agruparse en cooperativas que les permitan una venta digna. Aunque aún hacen falta medidas subvencionables a la conservación y almacenamiento ya que al agricultor cada año se le hace más difícil costear su producción.
Por último, ASAJA denuncia los abusivos márgenes comerciales que incrementan el precio de la patata hasta hacer que los consumidores llegan a pagar en las superficies comerciales hasta 6 veces el precio que se ha ofertado a los productores en campo, contrastando el descenso imparable del precio que se paga a los agricultores con el incremento del 20% en el precio en las tiendas en el último año.
GANADERÍA
VACUNO DE CARNE
La penalización de la prima de los terneros machos, solicitada en el año 2003, continúa incrementándose año tras año, ya que cada año se produce un incremento del número de solicitudes, mientras que la cantidad máxima garantizada ha seguido en 643.525 animales como consecuencia de las exigencias que impuso la Unión Europea por la crisis de la encefalopatía espongiforme bovina.
En España se solicitaron primas al bovino macho por 1.162187 animales primables, lo que supone un incremento del 5,6% respecto al año anterior, y supone un factor de penalización del 44,62%.
En Castilla y León se han solicitado ayudas por 271.500 animales, de los cuales solamente van a recibir ayudas por 150.335 como consecuencia de esta penalización.
También se ha producido una penalización importante para la prima al sacrificio de animales bovinos de más de 8 meses. Las solicitudes ascendieron a 2.463.744 animales mientras la cantidad garantizada para esta prima es de 1.982.216, lo que implica una penalización del 19,54% y que por tanto, cada ganadero recibirá prima solamente por el 80,46% de los animales para los que la haya solicitado y tuvieran derecho a la misma.
Este es el tercer año en que se aplica la penalización en la prima al sacrificio y, año tras año, el número de solicitudes va en aumento, en el 2003 se ha producido un incremento del 9,3% en el número de animales respecto al 2002
VACUNO DE LECHE
El sector lácteo de Castilla y León continúa su proceso de reestructuración, reduciendo el número de explotaciones e incrementando la cuota media por explotación, que ha alcanzado a principios de esta campaña la cifra de 186.816 kilos. Lo malo de esta reestructuración es que conlleva el abandono de ganaderos, fundamentalmente los de zonas de montaña, que son de difícil acceso y tienen mayores complicaciones a la hora de comercializar de la leche. En esta campaña son 4.478 las explotaciones en activo, mientras que hace solamente diez años eran 17.712.
Además, estos productores que abandonan voluntariamente la producción acogiéndose a la ayuda se ven obligados a abandonar la explotación, cumpliendo los plazos establecidos por la normativa, mientras que la Administración se demora en los pagos y deja a estos ganaderos sin ingresos y sin ayuda por más de medio año.
Esta situación se ve agravada por la excesiva burocracia que acarrea la tramitación y resolución de los expedientes de la jubilación anticipada, que se pide de manera simultánea y vinculada al abandono de la producción láctea, y que además este año ha sido convocada tardíamente, lo que va a ocasionar que los beneficiarios reciban la primera mensualidad cuando haya transcurrido un año desde que se vieron obligados a abandonar la producción de leche.
Este ha sido el primer año en que los productores de leche han solicitado la prima láctea, contemplada en la reforma de la PAC, por un importe de 7,63 euros por tonelada de prima básica, aplicando el coeficiente reductor como consecuencia de la superación de la cuota con derecho a prima fijada para España. También les corresponde un pago adicional, por un importe total, para Castilla y León, de 2.805.659 euros, de los cuales el 85% se distribuye proporcionalmente a la cuota láctea de cada solicitante y el 15% restante se distribuye entre las explotaciones cuyos titulares tengan la condición de jóvenes. En Castilla y León se han solicitado 829.472.435 kilogramos de cuota láctea por parte de 4.245 ganaderos.
Este año ASAJA también ha tenido que recurrir a la movilización para evitar que las principales industrias del país de forma unilateral llevasen a cabo la amenaza de una nueva bajada de precios, que únicamente estaba motivada por el aumento de los márgenes comerciales de las empresas, ya que no se daban las condiciones del mercado para ello, al no existir excedentes de leche por el mayor control de las cuotas y porque era un momento delicado para los ganaderos de vacuno de leche, que estaban pagando los piensos y forrajes a los precios más altos de la historia.
OVINO Y CAPRINO
También continúa la reestructuración del sector ovino y caprino de Castilla y León, en el cual se quedan en el 2004 11.826 ganaderos, un 4,4% menos que en el periodo anterior. La Consejería de Agricultura y Ganadería ha pagado la prima de ovino y caprino del año 2004, cuyo importe total asciende a 100.208.230,09 euros, que se distribuyen entre estos ganaderos, para un total de 3.725.867 animales.
Según obliga la normativa comunitaria, a partir del 1 de enero de 2008 la identificación electrónica individual será obligatoria. Sin embargo, y dado que ya a partir del 9 de julio de 2005 se exigirá a que todos los animales nacidos en una explotación se identifiquen individualmente con dos medios. En este sentido, ASAJA ha solicitado al Ministerio que decida con la mayor urgencia el sistema elegido para el segundo medio de identificación en este periodo transitorio, entendiendo que lo más lógico es que el ganadero opte por el método electrónico, para evitar tener que “reidentificar” de nuevo antes de 2008.
La implantación de este nuevo sistema de identificación y registro va a acarrear unos gastos importantes, que en el caso del crotal auricular electrónico, que sería el sistema más barato y de más fácil manejo por el ganadero, ascenderían a más de 5.000 euros en el caso de una explotación media de Castilla y León, cantidad a la que habría que sumar cada año los gastos derivados de su mantenimiento.
Dada la magnitud de esta inversión, ASAJA considera imprescindible que las administraciones competentes, Ministerio y Consejería, asuman este coste. De lo contrario, sería un duro golpe para este sector, que soporta desde hace tiempo una reconversión drástica, a razón del millar de explotaciones anuales, y para las que supondrá un cambio brusco en su forma de trabajo y mentalidad, además del esfuerzo financiero.
Desde el pasado mes de octubre los precios del cordero en origen vienen sufriendo importantes recortes y en las últimas tres semanas, más cerca ya de las fechas navideñas, han registrado incluso un descenso del diez por ciento. Según los datos facilitados por el propio Ministerio de Agricultura, el precio pagado al ganadero por un kilo de cordero Pascual de 1ª, ya en el mes de diciembre, es de 5,26 euros, mientras que el precio al consumidor está en los 9,46 euros.
De todos es conocido que los precios más altos que registra la carne de cordero se alcanzan precisamente en estas fechas donde el consumidor llega a pagar hasta un 30 por ciento más de su valor, con la grave repercusión que esto tiene en el IPC y de la que los ganaderos no tienen responsabilidad alguna.
Al grave problema del encarecimiento desmesurado del precio final, debemos añadir además el hecho de que al mercado nacional llega un porcentaje muy significativo de carne de cordero importado de terceros países (Reino Unido, Argentina e incluso Nueva Zelanda), generalmente de menor calidad y que se comercializa sin estar correctamente identificado, por lo que “pasa” por cordero nacional, con el perjuicio económico que eso supone para el ganadero y el engaño que implica para el consumidor.
PORCINO
El sector porcino de Castilla y León tendrá que asumir nuevos y costosos compromisos derivados de la prácticamente obligación de suscribir el seguro para la cobertura de los gastos de destrucción de los animales muertos, coste al que habrá que sumar el derivado de la obligación de contar cada explotación con un contenedor homologado en el que depositar los cadáveres.
La suscripción de este seguro, cuyo precio se ha fijado por la Administración regional y las compañías aseguradoras asciende a 4,44 euros por reproductora y 1,07 por el porcino de cebo. Teniendo en cuenta todo el porcino asegurable de la cabaña regional, la suscripción de este seguro significará un coste global para el sector productor más de 5 millones de euros. Aunque este seguro en teoría es voluntario, lo cierto es que en la práctica es obligado, puesto que si no se suscribe el ganadero tiene que asumir por su cuenta los gastos derivados de la retirada de animales, que son muy elevados.
ASAJA considera que, a pesar de que estas medidas son inevitables, puesto que así lo obliga la normativa comunitaria, llegan de una forma precipitada y con un coste excesivo, más si se compara con otras comunidades autónomas de alta concentración porcina donde el precio del seguro es menor, obedeciendo a criterios puramente económicos de las compañías aseguradoras. Es injusto que se penalice a las zonas donde está más disgregada la ganadería porcina.
Además, hay que recordar la situación de crisis en la que está sumido el sector porcino desde hace meses, con unos precios en muchos momentos por debajo de costes, en buena parte debidos a la entrada incontrolada de carne de otros países. La llegada de estos nuevos compromisos, si no se planifica desde la Administración un apoyo suficiente, será un nuevo varapalo, especialmente para las granjas más pequeñas.
SANIDAD ANIMAL
El sector ganadero ha vuelto a sufrir este año una crisis de sanidad animal, ocasionada pro el brote detectado en Andalucía y Extremadura y que se extendió a otras Comunidades Autónomas, de la enfermedad de la lengua azul, que únicamente afecta los rumiantes y que no tiene consecuencias para la salud humana. Hay que decir que todos los focos han sido localizados en dos zonas: la primera, que se encuentra en el sur de la Comunidad Autónoma de Andalucía, concentrándose los mismos en las provincias de Cádiz, Málaga y Huelva y la segunda, que está ubicada en al Comunidad Autónoma de Extremadura.
Como consecuencia de los movimientos de animales realizados previamente a la detección de la lengua azul se investigó la posibilidad de introducción de la enfermedad en explotaciones de otras zonas de España, encontrando algunos animales positivos fuera de las áreas afectadas. En concreto se localizaron en las provincias de Salamanca, Murcia, Ciudad Real, Cuenca, Ávila, Zamora y Valencia. Todos estos animales positivos procedentes de zonas afectadas de Andalucía y Extremadura han sido sacrificados.
En Castilla y León, se ha procedido a la inmovilización de las explotaciones que han recibido estos animales y se ha hecho un sangrado tanto a los animales que procedían de las zonas en que se han detectado los focos como a los que compartían alojamiento con ellos, independientemente de su procedencia.
Además, en nuestra Comunidad Autónoma se han tomado otra serie de medidas como el incremento del número de trampas para mosquitos, al sur del paralelo de la sierra de Gredos (Salamanca y Ávila) que es la zona con más posibilidad de que existan estos mosquitos, sin detectarse ningún individuo, el cierre de ferias y mercados durante 15 días y la sangría de todos los animales (ovinos y vacunos) en la franja de 20 kilómetros al norte de Extremadura (Salamanca y Ávila). El Ministerio estableció tres zonas (restringida, de seguridad y libre) y reguló el movimiento de animales entre ellas. Según ella Castilla y León, que se encuentra en la zona libre puede llevar y recibir animales para vida a toda España excepto a la zona restringida y a la zona de seguridad (Andalucía, Extremadura y Castilla La Mancha menos Guadalajara).
POLÍTICAS HORIZONTALES
POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN
Parece ser que el Ministerio pondrá en marcha la reforma de la PAC aplicando un sistema de desacoplamiento parcial en todos los sectores que la legislación comunitaria permite. Para ASAJA, ésta decisión es la peor de todas las posibles.
La ayuda de cultivos herbáceos se desacoplará en un 75 por ciento, revisando los índices de barbecho y flexibilizando la retirada voluntaria, el ovino y caprino quedará desacoplado en un 50 por ciento y se mantendrá acoplado el 100 por cien de la ayuda a la vaca nodriza y del sacrificio de terneros y el 40 por ciento de la prima al sacrificio de los bovinos adultos. Solamente el lúpulo se desacoplará en su totalidad.
ASAJA se ha quedado sola defendiendo los planteamientos de los agricultores y ganaderos profesionales, sin el apoyo del resto de organizaciones agrarias y cooperativas, solicitando que la aplicación de la PAC se realice a través de un desacoplamiento total en todos los sectores, igual que se ha hecho en la mayor parte de los países de la UE, ya que entendemos que es precisamente el desacoplamiento la medida que fomenta la orientación de las producciones a los mercados. Una orientación que resulta imprescindible para adecuar la agricultura y ganadería a la nueva situación que se va a crear en los próximos años, con la aplicación plena de la reforma de la PAC y la globalización de los mercados que promueven los acuerdos internacionales.
Esta postura del Ministerio llevará al sector a tener que asumir todo lo negativo de la reforma de la PAC, sin poder disfrutar de las bondades de un desacoplamiento de las ayudas de la producción. Entre dichas bondades está el poder buscar alternativas de cultivo sin estar condicionados por las ayudas; destinar a otros fines, como puedan ser los medioambientales los terrenos poco productivos; mejorar la posición en los mercados; suprimir burocracia, y lograr en definitiva un mejor aprovechamiento de los fondos europeos, que de otra forma pueden perderse en parte.
Por otra parte, la mayoría de los países de la Unión está optando por el modelo de desacoplamiento total, por lo que la postura a contracorriente de España nos colocará en inferioridad de condiciones a la hora de competir en un mercado abierto.
De acuerdo con la reglamentación comunitaria, se va a aplicar la modulación a partir del 2005, por lo que todos los importes de los pagos, en concepto de ayudas directas que perciba una explotación, se reducirán en un 3% este primer año de aplicación, pasando posteriormente al 4% y finalmente al 5%.
Este recorte se aplicará a todas las explotaciones que reciban ayudas y, posteriormente, se devolverá la parte deducida, en forma de importe adicional de la ayuda, correspondiente a los primeros 5.000 euros. Los importes obtenidos de esta medida se destinarán, una vez deducido el montante del importe adicional de la ayuda, a sufragar gastos en el marco de desarrollo rural.
Además, a estos recortes el ministerio de Agricultura pretende sumar un nuevo recorte adicional que solo sufrirán los agricultores y ganaderos españoles a partir de la entrada en vigor de la reforma en el 2006. Con ello, España quedará como el único país que reduce voluntariamente los fondos que llegan de forma directa a los agricultores. ASAJA rechaza de plano esta medida y la califica de atropello sin precedentes para el sector.
Otro acuerdo adoptado es la reducción lineal de los importes de referencia en el nivel necesario para atender las situaciones especiales, así como la gestión regional de la reserva nacional para asignar derechos a los agricultores en zonas sujetas a programas de reestructuración o de desarrollo relativos a algún tipo de intervención pública.
Por otra parte, la ausencia de movilidad de los derechos entre Comunidades Autónomas supondrá un agravio comparativo de primer orden entre agricultores de comunidades grandes y pequeñas, ya que éstos últimos tendrán mucha menos capacidad de maniobra para reestructurar sus explotaciones con las reglas de juego de la nueva PAC.
GASÓLEO AGRÍCOLA
La evolución del precio del gasóleo B ha escalado desde unos precios medios de 0,43 euros por litro como media del año pasado hasta más de 0,60 euros el litro a finales de octubre de 2004. Esta escalada de precios supone unas pérdidas acumuladas para el sector de más de 300 millones de euros.
Ante esta situación de crisis ASAJA considera imprescindible una compensación por el incremento de los precios del gasóleo que llegue a todos los agricultores de una forma clara y directa que compense claramente la pérdida de renta que está experimentado día a día el sector. Por ello se solicitó al Gobierno que realice un esfuerzo y modificase el IVA percibido por los agricultores y aplique una bonificación directa al precio del gasóleo.
La negativa del Gobierno a subir el IVA que perciben los agricultores y ganaderos por la venta de sus productos y negarse a rebajar el Impuesto Especial de Hidrocarburos ha hecho imposible que ASAJA aceptara el acuerdo propuesto por la ministra de Agricultura, ya que las medidas finalmente adoptadas resultan absolutamente insuficientes.
Con este panorama y como única forma de convencer al Gobierno y sensibilizar a la opinión pública de que nuestro sector está pasando por una situación critica ASAJA ha tenido que movilizarse exigiendo la puesta en marcha de un gasóleo profesional y el incremento del IVA percibido por los agricultores, culminando con una manifestación multitudinaria ante el Ministerio, el pasado 23 de noviembre, en la que participaron 50.000 agricultores y ganaderos.
POLÍTICA HIDRÁULICA
El anuncio por sorpresa de que la cota de la presa de Castrovido se reduciría, pasando de los 82 hectómetros cúbicos previstos a sólo 48, ha levantado sarpullidos en los municipios afectados de las provincias de Burgos y Palencia y, por solidaridad, en toda la región. ASAJA ha participado activamente en las medidas de protesta convocadas por la Comisión de Seguimiento de la Presa de Castrovido, para conseguir que este proyecto no transforme el embalse en una charca de ranas, incapaz de atender al regadío previsto y de evitar las riadas.
El pasado 7 de octubre la Ministra de Medio Ambiente, anunciaba en Madrid que la altura de la presa de Castrovido (Burgos) se reduciría en 11 metros, pasando de los 77 previstos a 66, y limitando su capacidad a 48 hectómetros cúbicos. Los argumentos dados para este sorprendente cambio, con las obras ya en marcha y cuando todas las fuerzas económicas y sociales ya habían aceptado el anterior proyecto, eran que la nueva presa tendría un menor impacto ambiental, ya que se inundarían 228 hectáreas, en lugar de 414. También aseguraban la Ministra y la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero que el coste sería menor, y que habría agua suficiente para regar, porque no consideraban las 6.000 hectáreas previstas inicialmente, sino las 4.828 que actualmente tienen concesión.
No podemos permitir que algo que estaba proyectado, que daba solución a 6.000 hectáreas de riego, a la falta de agua de los pueblos en verano y a las riadas en invierno, se venga abajo por una decisión política. Tampoco está claro dónde se van a invertir los millones que, al hilo de los argumentos medioambientales, se ahorran, si llegarán aquí o si se van a ir a otras comunidades autónomas.
La postura de ASAJA, además de defender ante todo los intereses de los habitantes afectados de los pueblos de Burgos y Palencia, es que no basta con tener en cuenta las necesidades de riego actuales, sino dejar un margen suficiente para que, si fuera preciso, se ampliara la superficie de regadío.
Por otra parte, Castilla y León es una región donde las infraestructuras hidráulicas son fundamentales, por eso en el sector preocupa enormemente que un organismo como la Confederación Hidrográfica del Duero esté dando indicios de querer paralizar proyectos en vez de impulsarlos. Esto pondría en peligro inversiones de 300 millones de euros y superficies futuras de regadíos de más de 40.000 hectáreas, o sea el futuro de cerca de 4.000 agricultores. Además, con la paralización de las inversiones hidráulicas previstas en Castilla y León, las inversiones se irán sin duda a otros territorios.
Ante la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias del Norte ASAJA ha intentado conseguir que el sistema de financiación para modernizar los regadíos sea atractivo, y no como ahora, que se obliga al agricultor a amortizar unas obras excesivamente caras en espacios de tiempo muy cortos. En este sentido, ASAJA pide subvenciones más altas y plazos de amortización más largos y que, en ningún caso, se pida sacrificios económicos a los regantes hasta que no se les entregue las obras en perfecto funcionamiento.
La SEIASA del Norte también presentó a ASAJA el estado de ejecución de las obras del Plan Nacional de Regadíos, habiéndose ejecutado un 58% de los 45.287.650,59 euros de presupuesto aprobado.
Otro de los problemas que afectan al medio rural es la progresiva acumulación de maleza y vegetación en las riberas de los ríos, debido a las trabas impuestas a las limpiezas de los cauces y la dejación de la Confederación Hidrográfica del Duero en esta actividad, lo que se traduce en una proliferación de inundaciones en época de lluvias. Por ello ASAJA ha reclamado la limpieza y arreglo de los cauces en los lechos fluviales competencia de la Confederación, tanto a través de actuaciones propias como a través de particulares, a los que se han de conceder los permisos oportunos.
DESARROLLO RURAL
Cada año es más ridículo el presupuesto asignado por la Junta de Castilla y León a las medidas agroambientales, pasando de los más de 7,5 millones de euros de hace dos años a los 3,7 millones de esta convocatoria. Es normal que los agricultores se sientan defraudados al presentar las solicitudes de incorporación a estas medidas y comprobar como se las deniegan año tras año. Durante el presente ejercicio sólo uno de cada tres agricultores de Castilla y León que solicitó incorporarse a alguna de las líneas de ayudas agroambientales han recibido la carta de aprobación por parte de la Consejería de Agricultura.
Esta línea de ayudas, que incluye el girasol agroambiental, la medida de extensificación para la protección de la flora y la fauna y el barbecho medioambiental, es utilizada fundamentalmente por los agricultores de secano que, a cambio de seguir unas pautas de producción más respetuosas con el medio ambiente en el conjunto de su explotación, reciben un pequeño complemento a sus exiguas rentas. Por tanto estas medidas de apoyo que son fundamentales en zonas en las que no existe alternativa al secano, la administración regional en vez de promoverlas las coarta.
Además de la escasez de medios económicos, la Consejería llega con retraso pues muchos agricultores se han visto obligados a iniciar sus siembras sin saber si tenían que cumplir los requisitos medioambientales que exigen estas medidas
Al ser insuficiente el presupuesto para atender todas las solicitudes presentadas, la Consejería ha priorizado por edad -el corte ha estado en 41 y 43 años en función de la línea solicitada- y ha dejado fuera a agricultores que este año lo que solicitaban era más una prórroga que una nueva incorporación, ya que los contratos se conceden para cinco campañas. Este es el caso de agricultores que han cumplido escrupulosamente, durante los últimos cinco años, con los compromisos medioambientales exigidos a los contratos del girasol de secano agroambiental y que ahora por tener más de 41 años no van a poder dar continuidad a este sistema de cultivo respetuoso con el medio ambiente ya que al tratarles como una nueva incorporación se les ha denegado la renovación.
Tarde y mal ha convocado la Junta las ayudas a la jubilación anticipada, publicando la normativa reguladora a mediados de julio, cuando a esas alturas del año los ganaderos que han abandonado la producción lechera, que son los que más prioridad tienen al acogerse al cese anticipado, llevaban más de tres meses sin ninguna actividad ni ingreso, y teniendo en cuenta la burocracia y tardanza en la resolución de esta línea tardarán hasta un año, después de haber abandonado la explotación, en recibir la primera mensualidad.
Esta campaña, la Junta ha desestimado 717 de las 863 solicitudes presentadas a la línea de cese anticipado, por falta de presupuesto. Lo único que se ha mejorado es que se ha hecho una priorización previa de las solicitudes presentadas, pidiendo toda la documentación para la tramitación de la ayuda exclusivamente a aquellos cuya puntuación permitía, dentro del presupuesto disponible, su resolución favorable, que en la presente convocatoria han sido 146 titulares, todos ellos mayores de 62 años.
Los jóvenes que han accedido este año a la ayuda a la primera instalación han recibido cerca de 5.000 euros menos de los que marca la nueva normativa, ya que la modificación del real decreto hasta ahora en vigor no llegó a tiempo, a pesar de que el reglamento europeo estaba aprobado desde octubre de 2003.
Entre otros cambios, este nuevo real decreto determina un incremento de casi 5.000 euros en las ayudas a la primera instalación de agricultores jóvenes, tanto en la prima de subvención directa como en la bonificación de intereses, pasando de los 15.025 euros actuales a 20.000 euros. Una mejora sustancial, aunque no se llega al tope de 25.000 euros sugerido por el reglamento comunitario.
Del mismo modo, en la nueva normativa se incrementa la ayuda a un agricultor joven, menor de 40 años, que simultáneamente con su primera instalación o en los cinco años siguientes realice un plan de mejora, ayuda que pasaría del 5 por ciento actual a un 10 por ciento.
Además, existen otras modificaciones, en vigor desde esta convocatoria de ayudas. Así, van a ser preferentes las solicitudes de explotaciones prioritarias en los sectores del porcino ibérico, caprino, avicultura extensiva, producciones ecológicas, horticultura y legumbres, siempre que estas inversiones específicas del plan dirigidas a estos sectores sobrepase el 50 por ciento de la inversión total auxiliable.
Tanto la línea de incorporación de jóvenes como la de planes de mejora, por la mínima dotación destinada y los requisitos exigidos, muchos de ellos sin razones técnicas justificadas, impiden y desaniman a acceder a las ayudas a la mayoría de los profesionales. Si además tenemos en cuenta el retraso en toda la tramitación de los expedientes, y después el cobro de las ayudas, desanima a quienes tienen ilusión por seguir en el sector modernizando sus explotaciones, generando empleo y creando riqueza, y contribuyendo a frenar el despoblamiento del medio rural.
Este año se han presentado 1.946 solicitudes de todas las líneas de ayuda para la mejora de las estructuras agrarias, de las 479 han sido para la incorporación de jóvenes, 70 menos de los que lo pidieron el año pasado.
El sistema de información geográfica de parcelas agrícolas, más conocido como SIGPAC, entrará en vigor el 1 de enero de 2005. Este sistema de identificación ha sido creado a instancia de las autoridades europeas, regulándolo en un reglamento del año 2000, por lo que la Administración nacional y regional han vuelto a descuidarse en sus obligaciones y han creado el sistema con demasiadas prisas a pesar de haber tenido casi cuatro años para ello. Esto creará gran confusión el próximo año, al ponerse en marcha el sistema sin haber tenido posibilidad de comprobar los agricultores sus explotaciones y sin plazo de alegaciones previo al periodo de solicitud de la próxima campaña PAC.
A pesar de todo, esta base de datos gráfica que incluye todas las parcelas agrícolas susceptibles de ayudas en el marco de la política agrícola común, será de gran ayuda para el sector una vez superado la primera fase de implantación y siempre que finalmente se resuelvan las diferencias que puedan existir con la información catastral que se utiliza actualmente.
Este año ha habido muchas quejas de agricultores, por las diferencias existentes entre las superficies que han declarado en las solicitudes de ayuda, en las que han utilizado los datos que se les manda desde la Administración, procedentes de Catastro, y las que se les ha comprobado en los controles de campo mediante teledetección. Desde ASAJA se ha pedido que se solucionen estos casos sin que se aplique ninguna sanción ya que los agricultores se limitaban a utilizar las superficies facilitadas por la Administración y que la normativa exigía.
Durante el presente año también se establecieron una serie de excepciones al requisito agroambiental de no quemar rastrojos, para determinadas comarcas y subcomarcas de Castilla y León, pese a que ASAJA había solicitado que se permitiera esta posibilidad en toda la región, dado el avance de las plagas en muchas zonas y la abundancia de paja, que no permitía realizar de forma adecuada las siembras del cereal y las leguminosas, siempre respetando los periodos de quema establecidos, presentando las correspondientes notificaciones o solicitudes y cumpliendo con las medidas preventivas.
SEGUROS AGROPECUARIOS
El sistema de seguros agrarios, en el presente año ha incluido nuevas líneas que afectan a Castilla y León, como son la implantación del seguro de explotación en ganado aviar de carne, la puesta en marcha del seguro de incendio en plantaciones forestales en suelos agrícolas y la aplicación del seguro para la cobertura de los gastos derivados de la destrucción de animales de la especie porcina, aviar y cunícula muertos en las explotación. Este último seguro muy discutido porque no es lo que el sector quiere y por tratarse de un seguro caro y con muchas deficiencias, como son el tener un mes de carencia, cubrir las garantías un periodo de solamente 6 meses y el obligar a los productores a disponer de contenedores o congeladores para poder suscribirlo.
SEGURIDAD SOCIAL
Durante el mes de enero de este año estuvo abierto el plazo para que aquellos agricultores y ganaderos que estuviesen interesados se cambiaran del régimen especial agrario de la seguridad social al nuevo régimen transitorio, dándoles de alta en el nuevo régimen en el mes de febrero. A partir de ahora, se ha establecido un plazo todos los años, que va desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre y en el cual se puede hacer este cambio de régimen o la modificación de las bases imponibles del nuevo régimen transitorio, aunque estos cambios entrarían en vigor a partir del 1 de enero siguiente.
MEDIO AMBIENTE
Poca voluntad se intuye en la Administración para solucionar la regularización de las explotaciones ganaderas ubicadas en cascos urbanos, mientras que ASAJA considera que es urgente la publicación de una nueva normativa que permita a los ganaderos no estar en una situación de “alegalidad”, expuestos a cualquier posible denuncia o incluso a que se cierre su explotación, perdiendo su medio de subsistencia.
Durante el presente año el único paso dado por la Consejería de Agricultura ha sido facilitar un proyecto de decreto, que desde ASAJA consideramos excesivamente restrictivo y que trata exclusivamente de regularizaciones temporales y no definitivas.
En este sentido, desde ASAJA se ha solicitado el establecimiento de un límite superior para la zona periurbana y la ampliación de la capacidad de las explotaciones al menos al doble de la que se contempla en el borrador, destacando además la desproporción existente entre los límites establecidos para las explotaciones de ovino y caprino respecto a las demás. Paralelamente, se ha pedido la supresión del número de habitantes para considerar la población como rural y poder regularizar sus explotaciones o, en todo caso, nunca debería ser inferior a 10.000 este número.
Tampoco aparece contemplada la habilitación de estercoleros comunitarios en los pueblos, medida que reduciría sustancialmente el impacto ambiental de ese tipo de instalaciones y que solventaría el problema económico que le supone al ganadero.
Finalmente, subrayar que sin un compromiso e implicación de los ayuntamientos a través de su federación regional, poco o nada se va a poder hacer, por lo que es fundamental la actuación de las distintas administraciones. Además, en el caso de que se saquen las explotaciones fuera de los cascos urbanos, las administraciones deberán dotar alguna zona fuera del municipio que pueda ser polígono ganadero y que disponga de todas las infraestructuras necesarias. Igualmente conviene recordar el enorme esfuerzo del sector agrario en el mantenimiento del medio ambiente, al aceptar limitaciones en su sistema productivo sin recibir apenas nada. Esto se agrava cuando los daños producidos por caza mayor en cultivos no cuentan con canales que garanticen el cobro de los mismos por parte de agricultores. A día de hoy, para obtener una compensación por estos daños un agricultor se ve obligado a recurrir a costosos trámites judiciales, lo que supone una situación práctica de indefensión. Por ello, ASAJA reclama que la Administración asuma estas indemnizaciones, ante la dificultad que plantea el exigírsela a algunas asociaciones de cazadores que gestionan los cotos.
También los ganaderos sufren pérdidas como consecuencia del ataque de animales salvajes, aunque la Administración sólo reconoce los ataques por lobos a la hora de indemnizar, por lo que ASAJA reclama a la Junta que, al menos, ponga medidas de vigilancia contra los perros salvajes y pague el lucro cesante cuando se produzcan ataques por estos animales.
