Como cada año, los Servicios Técnicos de ASAJA de Castilla y León ha elaborado un resumen agroganadero del año que concluye, el 2003. Un año poco generoso con el campo, que pudo ser y no fue, en el que, por intereses políticos, se ha sometido al sector a la incertidumbre respecto a la futura PAC.
Desde el primer momento, ASAJA mostró su más profundo rechazo a este giro en la filosofía de la PAC, que reduce el papel del productor agrario a su mínima expresión y lo convierte en un preceptor subsidiado, algo que difícilmente va a ser aceptado, tanto por él mismo como por el resto de la sociedad. La transposición de las medidas contenidas en la reforma a la normativa nacional se encuentra en fase de un profundo debate, ya que el margen de aplicación que se deja a los Estados miembros es relativamente amplio y de lo que se decida finalmente dependerá, en buena parte, que se suavicen, en mayor o menor grado, los efectos de esta reforma en el campo español. Lo único definitivo, hasta ahora, es la fecha de aplicación de la reforma en España: el 1 de enero de 2006. El interrogante de cómo se aplicará, es decir, con qué porcentajes de desacoplamiento, sigue aún abierto, aunque ASAJA de Castilla y León ya se ha posicionado al respecto pidiendo el desacoplamiento total en todos los sectores.
También este año se han concluido y presentado los trabajos del Libro Blanco de la Agricultura y el Desarrollo Rural que comenzaron el año anterior. Se trata de análisis –todavía sin un fruto claro– horizontales, sectoriales y territoriales del sector agrario y una serie de propuestas sobre estrategias de política agraria nacional relacionadas con incorporación de jóvenes, regadíos, planes de mejora, programas medioambientales, etc.
En el ámbito social-laboral, lo más destacable del año ha sido el Acuerdo suscrito entre el Ministerio de Trabajo y ASAJA sobre Seguridad Social Agraria, que garantiza la permanencia del REASS y su mejora en materia de prestaciones y cotizaciones. Las reformas del Régimen entrarán en vigor el 1 de enero de 2004.
En lo referente a los programas de aplicación sobre Desarrollo Rural (indemnización compensatoria, cese anticipado, planes de mejora, incorporación de jóvenes,…) durante 2003 se están poniendo de manifiesto la falta de apoyo por parte de la Junta de Castilla y León, y la desilusión que se está generando en el campo castellano y leonés es creciente.
Este balance no estaría completo sin aludir a las graves crisis de precios sufridas en sectores productivos tan significativos como son el girasol, el porcino y la leche de vaca. En otros sectores, sin llegar a situación de crisis, se han registrado precios por debajo de la media. Frente a esto, un año más hay que seguir hablando de la grave especulación que sufren los precios de los productos agroalimentarios en su paso por la cadena de comercialización, sin que por el momento se haya adoptado ninguna medida verdaderamente eficaz para poner fin a esta situación.
•CULTIVOS HERBÁCEOS
CEREALES DE INVIERNO
Situación muy similar al año pasado, ya que en primavera se vaticinaba una buena cosecha en todo el territorio nacional (unos 20 millones de toneladas), pero a medida que avanzaba la campaña los pronósticos eran cada vez más pesimistas. Las altas temperaturas del mes de junio y la ausencia de lluvias, que podían haber paliado la situación, provocaron un agostamiento prematuro y generalizado de las plantas, conllevando una pérdida considerable en la cantidad de cereal a recoger, que finalmente se ha situado en 16,1 millones de toneladas.
Esta cifra es similar a la del año pasado, si bien hay que tener en cuenta que los rendimientos han sido ligeramente superiores a los de la campaña anterior, ya que se produjo una disminución de un 3 por ciento en la superficie sembrada.
En Castilla y León la superficie sembrada de cereal de invierno ha sido de 2.077.282 hectáreas, lo que supone una disminución de un 6,3% respecto al año anterior. Sin embargo, la producción ha sufrido un incremento del 6%, situándose en 5.758.950 toneladas. Computando el maíz, la cosecha total nacional supera ligeramente los 20 millones de toneladas, una cifra mediocre, cuando algunas voces pronosticaban una gran campaña.
En esta campaña se han sembrado en nuestra Comunidad Autónoma 127.872 hectáreas de maíz, un 5% más que la anterior, lo que ha desembocado en un sobrepasamiento de 50.304 hectáreas (incluyendo la retirada) sobre la superficie base asignada a Castilla y León. Una vez efectuados los cálculos de compensación con las superficies no cubiertas en otras Comunidades Autónomas, queda una penalización del 31,86 por ciento, que se trata de la más fuerte desde que el Ministerio eligió el criterio regional para aplicar estas sanciones. Este porcentaje supone una pérdida media de 156,56 euros (26.049 pesetas) por hectárea de maíz respecto a la prima completa.
La producción de maíz se estima en 1.198.654 toneladas, un 1,4% más que la campaña previa, aunque aún queda un 50% de la superficie sin recolectar, debido al clima adverso del otoño.
También sufrirán penalización los cultivadores de trigo duro, donde ha habido un sobrepasamiento del 52,37% en el ámbito nacional. Las provincias afectadas en nuestra Comunidad son Burgos, Salamanca y Zamora con penalizaciones del 53,61%, el 8,78% y el 60,28% respectivamente.
Estos dos años consecutivos de cosechas regulares o malas, no sólo en España si no también en el resto de países, permitían vaticinar una subida de los precios de los cereales, lo que llevó a ASAJA a aconsejar prudencia a los agricultores antes de vender el cereal porque podían sacar una mayor renta por sus productos. Desde julio se plasmaron en los precios de los cereales estas predicciones hechas por ASAJA, llegando el trigo a sobrepasar los 0,15 euros por kilo y la cebada hasta los 0,13. Incomprensiblemente, la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos (CESFAC) arremetió contra ASAJA argumentando que actuamos en contra de la libre competencia, cosa absurda porque ASAJA no es ningún operador dedicado a la venta de cereales, simplemente hizo una previsión a los agricultores de lo que podía pasar, y hemos acertado.
OLEAGINOSAS
La superficie sembrada de girasol en España tuvo un incremento del 4,5%, teniendo mucho que ver el fuerte aumento producido en Castilla y León, donde se ha pasado de las 180.912 hectáreas del pasado año a las 234.886 del presente, lo que supone una subida del 30%. La producción se ha incrementado de forma análoga, obteniéndose 191.706 toneladas de pipa.
En esta campaña ASAJA reprochó a las industrias del girasol que recojan la pipa sin tener definido un precio previamente, y considera que no hay razones comerciales que justifiquen la bajada del precio de la pipa, ya que hay una gran demanda de proteína vegetal. Además hay que tener en cuenta el precio del aceite de girasol refinado, por el que el consumidor llega a pagar 1,02 euros por litro. Por ello, ASAJA entiende que el precio mínimo, con el que se cubren los costes de producción de la pipa, son 0,25 euros por kilo.
LEGUMINOSAS GRANO
Una campaña más, la ayuda de las leguminosas para consumo animal, vezas y yeros, sufrirá una penalización por haberse superado la superficie máxima garantizada en la Unión Europea. Este recorte supondrá un 9,39 por ciento de la ayuda a yeros y vezas, que finalmente ascenderá esta campaña a 163,99 euros por hectárea, mientras que la prima a las leguminosas de consumo humano (garbanzos y lentejas) será cobrada completa, 181 euros por hectárea.
Esta campaña se han cultivado en Castilla y León 70.421 hectáreas de leguminosas para consumo animal (60.518 de vezas y 9.903 de yeros), el 24,3% del total de España y 12.458 de leguminosas de consumo humano (3.728 de lentejas y 8.730 de garbanzos), implicando un 11,6% de la superficie nacional.
La producción de las leguminosas en Castilla y León se ha incrementado este año, tanto por el aumento de la superficie sembrada, un 4,4% más que en el ejercicio anterior, como por el incremento de los rendimientos, obteniéndose 3.367 toneladas de lentejas, 7.204 de garbanzos, 69.308 de vezas y 9.360 de yeros, suponiendo un incremento del 63% respecto al producto obtenido en la campaña pasada.
REMOLACHA
El año 2003 se recordará, en el sector remolachero de Castilla y León, como el de los cierres de Monzón de Campos y Benavente. Fue en pleno mes de agosto, cuando Azucarera Ebro decidió hacer pública su decisión de no volver a abrir las puertas de sus fábricas sitas en ambas localidades. A los pocos días de anunciar la noticia, los cierres se consumaban con la ratificación de un acuerdo entre empresa y trabajadores.
Posteriormente nuestra organización fue capaz de llegar a un acuerdo con la empresa para salvaguardar los derechos de los remolacheros, donde por primera vez se establecían compensaciones con carácter indefinido para sufragar el incremento de costes de transporte, además de comprometerse inversiones de mejora y modernización en el resto de fábricas de la región; modernización, automatización y acreditación de los Laboratorios de Pago por Riqueza y un programa de apoyo de incentivos e inversiones en las comarcas afectadas y a la zona regable palentina con ayudas cofinanciadas. También ACOR ha hecho pública, a primeros de diciembre, su intención de cerrar su factoría de Valladolid si bien la mantendría como centro de recepción de remolacha para dar servicio a los cultivadores de la zona.
En cuanto al cultivo, el 17 de diciembre se cerró la campaña 02/03 con 4.908.481 tm de 17,03º de riqueza en la Zona Norte, lo que conllevó un récord de producción por hectárea de 81,81 tm líquidas, o lo que es lo mismo, 88 tm tipo 16º.
La campaña 03/04 se inició como siempre en verano con la cosecha del sur, que este año se puede considerar mala. En nuestra zona comenzó con retraso el pasado 29 de septiembre, forzado por el retraso del propio cultivo que se sembró casi un mes más tarde a consecuencia de las malas condiciones climáticas de esa época. La actual campaña está siendo muy complicada por las continuas lluvias, caídas de forma generalizada en Castilla y León desde primeros de octubre, que ya han provocado los cierres temporales en las molturadoras de Toro y La Bañeza. En cuanto a las producciones, la irregularidad es la nota dominante. Las estimaciones previas de campaña auguraban una mala cosecha, si bien la condiciones climatológicas del otoño han favorecido el final del ciclo del cultivo y este se ha recuperado en parte, pues a pesar de que la riqueza está un grado por debajo de la media de las cuatro últimas campañas, la producción por hectárea ha mejorado sustancialmente y a pesar de no llegar al récord de la campaña pasada, ya se habla de buenas producciones en determinadas zonas.
En cuanto a Europa, la Comisión estudia ya la reforma de la OCM del azúcar (vigente hasta 2006), con tres propuestas que van desde mantener el actual sistema con pequeños retoques hasta la más catastrófica de liberalización total del sector que provocaría la desaparición del cultivo en nuestro país. Y respecto al panorama internacional, varios países han interpuesto una demanda ante la OMC contra el régimen azucarero europeo y los precios internacionales siguen a niveles muy bajos.
VITIVINÍCOLA
La añada de 2003 se ha caracterizado porque el fruto ha venido con un estado sanitario muy bueno, con un grado de madurez adecuado y por su gran producción, lo que augura vinos de calidad.
Se han sobrepasado los 250 millones de kilos de uva, de los que 186,19 proceden de territorios controlados por los consejos reguladores, las asociaciones de vinos de la tierra o enmarcados en zonas de producción de vinos tradicionales. El resto se destinará a elaboraciones bajo el paraguas de los Vinos de la Tierra de Castilla y León, y algunas partidas irán a graneles y vinos de mesa. Estas cifras suponen un incremento de cerca del 70%, si se compara con la vendimia de 2002.
La añada de 2003 sólo se ha visto interrumpida ocasionalmente al final del ciclo por la lluvia, pero las aguas no han afectado al fruto ya que, aunque han prolongado el calendario de vendimia, han aparecido cuando más del 80% de la uva estaba ya en la bodega.
La tónica general en todas las zonas de vinos ha sido el aumento de la producción y la calidad con respecto a la cosecha anterior. Entre los parámetros físico-químicos de la uva en su momento de recepción en las bodegas, podemos destacar el elevado grado de alcohol probable de la uva, que se encuentra por encima de la media observada en otras campañas, la acidez total un poco baja, como consecuencia de las altas temperaturas del verano, y que obliga a su corrección posterior y el alto índice de polifenoles totales, que anuncian potencial de color.
La Comisión Europea ha distribuido entre los Estados miembros los fondos para la reestructuración y reconversión del viñedo para la campaña 2003/2004, siendo España el país más beneficiado, al corresponderle 151 millones de euros, cifra que es inferior a la asignada en la campaña anterior en 6,3 millones. En Castilla y León la asignación inicial ha sido de 7,958 millones de euros, un 1,6 inferior respecto a la anterior.
Desde el punto de vista legislativo merece destacarse la aprobación de la Ley de la Viña y el Vino, que deroga el hasta ahora vigente Estatuto de la Viña, el Vino y los Alcoholes, de los años 70.
PATATA
En esta campaña se han plantado en Castilla y León 22.983 hectáreas de patata, lo que supone un descenso del 16% respecto al año anterior, y esto, unido a la ola de calor de los meses de junio, julio y buena parte de agosto ha producido unas mermas en las cosechas del 20% respecto a la pasada campaña, obteniéndose una producción de 834.902 toneladas.
Esta disminución de rendimientos, que también se ha producido en el resto de países de la Unión Europea, ha repercutido en un aumento de los precios en origen de la patata, tras dos años consecutivos de crisis. Los productores han llegado a recibir 0,24 euros por kilo en la patata de calidad (monalisa o similar).
Sin embargo, este incremento de los precios no ha llegado a compensar las pérdidas de cosecha. Para que los productores de patata tengan unos ingresos aceptables tendrían que obtener de 1.500 a 1.800 euros por hectárea de beneficios, y en esta campaña han estado en torno a los 540.
ASAJA ha conseguido alguna de las reivindicaciones que se perseguían desde hace tiempo, como empezar a establecer unas relaciones interprofesionales entre los productores, almacenistas e industria y comercialización con la creación del observatorio de precios de la patata, tanto a nivel nacional como regional. También se consiguió la reducción del módulo fiscal aplicado a la patata y dar a conocer los excesivos márgenes comerciales de las grandes superficies donde compra el consumidor final. Aún así ASAJA continúa en la pugna por conseguir mejoras en el sector de la patata. Es primordial la regulación del mercado por medio de una política agrícola común, como ocurre en otros cultivos. También es necesario que el seguro de ingresos en patata se universalice y se adapte a las necesidades reales del sector.
•GANADERÍA
VACUNO DE CARNE
La penalización de la prima de los terneros machos ha sido la más elevada de los últimos cinco años. No sólo se ha producido un incremento del número de solicitudes, sino que además, en el año 2002, la cantidad máxima garantizada ha bajado, como consecuencia de las exigencias que impuso la Unión Europea por crisis de la encefalopatía espongiforme bovina, pasando de 713.999 a 643.525 animales.
En España se solicitaron primas al bovino macho por 1.100.695 animales primables y, teniendo en cuenta la cantidad máxima garantizada, el factor de penalización ha sido del 41,53%.
En Castilla y León se han visto afectados 8.870 ganaderos, que han solicitado ayudas por 258.000 animales, de los cuales solamente van a recibir ayudas por 150.853 como consecuencia de esta penalización.
También se ha producido una penalización importante para la prima al sacrificio de animales vacunos adultos (de más de 8 meses). Las solicitudes ascendieron a 2.254.304 animales mientras la cantidad garantizada para esta prima es de 1.982.216, lo que implica una penalización del 12,07% y que por tanto, cada ganadero recibirá prima solamente por el 87,93% de los animales para los que la haya solicitado y tuvieran derecho a la misma.
Éste es el segundo año en que se aplica la penalización en la prima al sacrificio y, año tras año, el número de solicitudes va en aumento, en el 2002 se ha producido un incremento del 11,3% en el número de animales respecto al 2001
En España la producción total de vacuno ha aumentado en un 0,3% en relación con 2002, y en todas las categorías se ha constatado un incremento en este mismo porcentaje, comportamiento contrario al que se ha producido en la Unión Europea, que ha registrado una disminución de la producción de un 3,8%.
VACUNO DE LECHE
El sector lácteo de Castilla y León continúa su reestructuración a costa de un mayor endeudamiento y sin ningún apoyo público, mediante la compra de cuota láctea de fuera de la Comunidad y con el descenso del número de explotaciones, lo que acarrea un incremento de la cuota media por ganadero, situándose a principios de esta campaña en 148.747 kilos, un 6 por ciento más que en la campaña anterior. En esas mismas fechas quedaban en Castilla y León 5.604 explotaciones, 277 menos que el año pasado, con 833.576.480 kilos de cuota, un 10 por ciento más que en el ejercicio precedente.
Este año la movilización se ha convertido en la única herramienta al alcance de los ganaderos. La política de bajos precios de la industria, que decidió bajar aún más lo pagado al ganadero, incluso por debajo de los costes de producción, ha motivado la reacción del sector, que veía como el consumidor cada vez pagaba más por el producto.
Las pérdidas que esta política insensata por parte de la industria láctea ha generado para los ganaderos de leche en Castilla y León han superado los 50 millones de euros, desde que los industriales comenzaran, unilateralmente, a bajar el precio de compra al productor, el cual percibe 0,28 euros por litro de leche de vaca.
ASAJA, junto con el resto de organizaciones profesionales agrarias y cooperativas de Castilla y León reclamaron a la Administración una serie de reivindicaciones:
un precio digno de la leche de vaca para el ganadero, 0,3425 euros/litro,
la desaparición de la leche fuera de cuota; desaparición de los subproductos de todos los procesos de fabricación (líquidos y fermentados) y también de leches presuntamente fuera de cuota, envasadas con marca blanca en Francia y Portugal,
la puesta en marcha de una “mesa de la leche” real, que tenga competencias negociadoras y ejecutivas para formar precios, hacer seguimientos de control, etc.,
un Acuerdo Marco y un Contrato tipo,
la definición en el etiquetado de “Leche de Vaca”, no “Leche” únicamente y
la indicación en el etiquetado del porcentaje de leche en polvo de vaca añadido a los yogures y demás productos fermentados.
Con la reforma de la PAC aprobada este año los productores de leche tendrán derecho a una prima láctea, que será concedida por año natural, por explotación y por tonelada de la cantidad de referencia individual con derecho a prima y disponible en la explotación, que se empezará a pagar en 2004, con un importe de 8,15 euros por tonelada de prima básica más 3,33 euros por tonelada de pagos adicionales, en caso de que estos pagos se apliquen de forma lineal.
OVINO Y CAPRINO
También continúa su adaptación el sector ovino y caprino de Castilla y León, en el cual se mantienen en el 2003 12.369 ganaderos, un 7% menos que en el periodo anterior. La Consejería de Agricultura y Ganadería ha pagado la prima de ovino y caprino del año 2003, cuyo importe total asciende a 100.609.311,51euros, que se distribuyen entre estos ganaderos, para un total de 3.737.611 animales.
Con el fin de ajustar la normativa española a la comunitaria, el Ministerio ha publicado una orden con nuevas normas de erradicación de ovinos y caprinos cuando se detecta un caso de encefalopatía espongiforme transmisible.
Con las nuevas normas, tras la aparición de un caso de tembladera las Comunidades Autónomas pueden decidir entre dos políticas de sacrificio. Una opción sería el sacrificio de todos los genitores, embriones, óvulos y los descendientes de última generación del animal en el que se haya confirmado la enfermedad, cuando éstos puedan ser identificados, y todos los demás animales de las especies ovina y caprina de la explotación del animal en que se haya confirmado la enfermedad. La otra opción es la del sacrifico de todos los animales indicados en la primera opción, a excepción de:
los ovinos machos destinados a la reproducción de genotipo ARR/ARR.
Las hembras de la especie ovina destinadas a la reproducción que presenten al menos un alelo ARR y ningún alelo VRQ.
Y los ovinos destinados exclusivamente a ser sacrificados que presenten al menos un alelo ARR.
La normativa actual establecía que se sacrificaran todos los ovinos y caprinos presentes en la explotación, así como aquellos animales que según el resultado de la encuesta epidemiológica pudieran estar contaminados.
Otra novedad es que si el animal infectado ha sido introducido desde otra explotación, la Comunidad Autónoma podrá decidir, basándose en los antecedentes del caso, aplicar medidas de erradicación en la explotación de origen además o en lugar de en la explotación en la que se ha confirmado la infección.
El seguro para la cobertura de los gastos derivados de la retirada y destrucción de animales muertos de las especies ovina y caprina, cuya andadura ha comenzado este verano, todavía tiene alguna asignatura pendiente. ASAJA ha solicitado que el número de animales declarados por el asegurado sea el número real de animales existentes en la explotación, ya que ahora quedarían fuera los animales menores de 3 meses, y considera que es un seguro excesivamente caro para al ganadero, ya que sólo tiene una vigencia de 6 meses.
PORCINO
La situación por la que atraviesa el mercado de porcino es muy mala, tanto por la situación de los precios como por el coste de las materias primas. Los precios medios a lo largo del año son inferiores a los del 2002, y hay que tener en cuenta que los precios del año 2002 ya fueron extremadamente bajos. Así, los lechones de 20 kilos se han pagado a 28,18 euros por unidad, un 16% menos, y el cerdo cebado (clase E) se ha pagado un 3,4% menos que en el 2002, a una media de 132,12 euros los 100 kilos.
Por otro lado, los incrementos de los precios de las materias primas en el periodo comprendido entre junio y noviembre del presente año han sido de media, un 40 por ciento. También influye en la crisis del porcino la sobreoferta de carne. En España se han sacrificado a lo largo del 2003 38.732.741 animales, lo que supone un incremento del 1,9% respecto al año pasado
•POLÍTICAS HORIZONTALES
POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN
ASAJA de Castilla y León ha apostado por que la aplicación de la Reforma de la PAC se efectúe en nuestro país lo antes posible, es decir, en el año 2005, y también por desacoplar totalmente todos los sectores afectados por esta reforma, los herbáceos, el ovino-caprino y el vacuno.
En cuanto al año de aplicación (las posibles opciones eran los años 2005, 2006 ó 2007) ASAJA considera que conviene elegir el año 2005, porque todo lo que sea retrasar la aplicación generará mayor incertidumbre en el sector: se paralizarían los ceses y las nuevas incorporaciones, habría. multitud de problemas por la titularidad de los derechos, el mercado de la tierra se bloquearía, etc.
Respecto al desacoplamiento, rechazado inicialmente desde ASAJA por quitar legitimidad a la producción, fue finalmente aprobado por el Reglamento del Consejo, a excepción del denominado desacoplamiento parcial. Este sistema (que supondría que como máximo estaría vinculada a la producción el 25 por ciento de la ayuda) defendido por la Comisión como una excepción voluntaria sobre la propuesta del comisario europeo de Agricultura, es en realidad más negativo que la alternativa de Franz Fischler.
Dado que las dos únicas alternativas son este mísero desacoplamiento parcial o bien el desacoplamiento total, es más beneficioso el segundo para los agricultores y ganaderos, puesto que les permite una mayor libertad para orientar sus producciones hacia las demandas del mercado y del consumidor, lo que generará una agricultura y ganadería, y también una agroindustria más competitiva, disminuyendo la carga burocrática respecto al desacoplamiento parcial, que duplicaría tanto las solicitudes como los sistemas de gestión y control (lo que redundaría en mayores penalizaciones para el sector), y así también garantizar que el 100 por cien de las ayudas llegan al campo castellano y leonés.
ASAJA también apuesta por el desacoplamiento en ganadería. En ovino-caprino el caso es similar al de la agricultura: desacoplar la ayuda permitirá al ganadero oscilar el número de cabezas, atendiendo a necesidades productivas y de manejo o a la situación del mercado, y podrá elegir métodos en los que prime la calidad. Igualmente, ASAJA apuesta, por similares motivos, por el desacoplamiento total para la prima de vacuno macho y de vaca nodriza.
ASAJA entiende que sería peligroso optar por el desacoplamiento total en unos sectores y por el parcial en otros, porque generaría distorsiones entre los agricultores y ganaderos. Además, hay que tener en cuenta que el desacoplamiento total supondrá una mayor simplicidad a la hora de tramitar ayudas y efectuar controles, y eliminará una considerable carga burocrática. Por último, un dato: los países europeos que hasta ahora han manifestado su opinión, han elegido también como más sensata y beneficiosa para los profesionales el desacoplamiento total, así como que la reforma de la PAC sea aplicada en el año 2005.
MÁRGENES COMERCIALES
En el 2003 la incongruencia sigue dominando los márgenes comerciales que practican los intermediarios y la distribución. El consumidor cada vez paga más por los mismos productos por los que el agricultor cobra cada vez menos, por lo que ASAJA denuncia la inoperancia del Ministerio de Economía, que anunció medidas antiinflacionistas que no se han aplicado.
Los últimos datos publicados del IPC asignan a la alimentación una subida interanual del 4,3 por ciento. Las mayores subidas se han producido precisamente en huevos, patatas y frutas frescas, con incrementos del 18,6, 17,5 y 12,9 por ciento, que son productos que se presentan en el mercado sin apenas proceso de manipulación, como mucho lavados y colocados en bolsas.
A modo de ejemplo, destacamos los márgenes de los intermediarios, como diferencia entre el precio en origen y el precio al consumidor, de algunos productos básicos: patatas el 258 por ciento, cebollas (grano de oro) el 250 por ciento, manzana golden el 400 por ciento, zanahoria el 304 por ciento, carne de cerdo el 382 por ciento, carne de ternera-añojo el 231 por ciento, carne de pollo el 304 por ciento y carne de cordero el 61 por ciento.
ARRENDAMIENTOS RÚSTICOS
La aprobación de la Ley de Arrendamientos Rústicos supone un grave atentado contra los profesionales del campo y, más concretamente, contra los de Castilla y León, debido a las características de nuestra Comunidad Autónoma.
ASAJA que siempre manifestó su total rechazo, ya que la nueva normativa conculca los derechos de los arrendatarios a favor de los propietarios de tierras, hará subir los precios de dichos arrendamientos, y pondrá en una situación de desventaja al agricultor profesional a la hora de acceder a un mercado de la tierra que está más desequilibrado que nunca en relación a lo que se paga y el beneficio que se espera.
Castilla y León es una de las regiones más importantes agrícolamente, y es la que cuenta con mayor porcentaje de tierras agrícolas arrendadas. Más del 40 por ciento de la superficie agraria útil de la región se acoge a este sistema, frente al 26,88 por ciento de la media nacional. Y hay casos todavía más llamativos, como los de las provincias de Soria o de Burgos, donde las tierras en renta superan el 50 por ciento. Además, hay que tener en cuenta que, en el caso de los agricultores jóvenes, los porcentajes de arrendamiento llegan incluso al 75 por ciento.
Uno de los aspectos más negativos contenidos en esta Ley de arrendamientos rústicos es la reducción de la duración del contrato de arrendamiento. Ya en 1995, en la Ley de modernización de explotaciones, este periodo se redujo de 21 a 5 años, lo que animó a muchos propietarios a alquilar sus propiedades, aunque se incrementó la inseguridad para los agricultores arrendadores. Pero ahora se limitan los contratos a sólo 3 años, un periodo ridículo si se tiene en cuenta que para comprometerse a arrendar y trabajar una tierra es preciso invertir en maquinaria e instalaciones como el riego, inversiones que este tiempo tan corto sería imposible amortizar. Incluso, va en contra de la normativa correspondiente a los programas agroambientales y a la incorporación y mejora de las explotaciones, que establecen una obligatoriedad de mantener la actividad y el tamaño de la explotación al menos durante cinco años. ASAJA entiende que, por el contrario, lo deseable sería que la normativa admitiera una prolongación de los contratos de al menos 8 años, lo que daría cierta estabilidad a los trabajadores del campo.
Otro punto que, siguiendo el espíritu que parece haber inspirado esta nueva reforma, favorece al propietario es el que elimina su obligación de notificar la escisión del contrato con un año de antelación; en adelante expirará concluidos los tres años sin que mediara aviso alguno.
ASAJA observa una grave contradicción entre lo que se supone que pretende esta nueva normativa y lo que conseguirá. Por un lado preocupa el progresivo abandono de la actividad –se cifra en cerca de 500.000 las hectáreas que se dejarán de trabajar en los próximos años–. Y por otro, ignora al agricultor hasta el extremo de eliminar el requisito que hasta ahora se pedía para arrendar fincas agrícolas, ser profesional de la agricultura.
La nueva ley, además, elimina la fórmula de la aparcería (por la que el propietario y el agricultor comparten gastos y beneficios según producción) y eliminaría las actuales Juntas Arbitrales de Arrendamientos Rústicos. Estos órganos, compuestos por representantes de la Administración y de las organizaciones agrarias, han conseguido en muchas ocasiones arbitrar entre arrendadores y arrendatarios para pactar un acuerdo sin necesidad de recurrir a los tribunales. Al desaparecer, la única salida en caso de desentendimiento será la de los juzgados, con los costes que ello implica.
DESARROLLO RURAL
La Junta de Castilla y León está dejando morir las medidas agroambientales con la falta de apoyo económico a unos programas que deberían propiciar un desarrollo sostenible y compatible de la agricultura y del medio ambiente. Así, en la convocatoria de este año para la incorporación a las ayudas agroambientales, el presupuesto ha sido totalmente ridículo.
Como ejemplo del desengaño que los agricultores tienen con estas medidas, baste con apuntar que de las 5.100 solicitudes del programa de extensificación para la protección de la flora y la fauna que no fueron aprobadas en el año 2002 por falta de presupuesto, solamente se han presentado 2.732 en esta nueva convocatoria.
Este año han entrado en vigor dos nuevas líneas de ayudas, que dependen de la Consejería de Medio Ambiente. Por un lado, se creó la ayuda a la conservación de la alfalfa de secano, ecotipo “Tierra de Campos”, con la que han creado falsas expectativas a agricultores de 137 municipios de la comarca de Tierra de Campos que cuentan con áreas ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves). Aunque estos municipios estaban contemplados en la orden con una cierta prioridad, debido a la falta de presupuesto solo ha sido posible atender unas 1.800 hectáreas comprendidas en los 11 municipios en la zona de influencia de las Lagunas de Villafáfila.
Por otro lado, también se puso en marcha la medida agroambiental de gestión integrada de explotaciones ganaderas extensivas para actuaciones de desbroces en zonas de prados y pastizales. En total se presentaron 501 expedientes, de los cuales, con el escaso presupuesto disponible, solamente se han aprobado 234. El principal inconveniente de esta convocatoria ha sido la escasísima incorporación de titulares de explotaciones situadas en zonas de especial incidencia de brucelosis, ya que solo ha entrado en el programa 1 de los 45 que lo solicitaron. ASAJA ha propiciado la modificación de este punto para la convocatoria del año que viene, para lo cual se ha aumentado la puntuación de prioridad para estas explotaciones.
Si los últimos años ya han sido penosos para las líneas de ayudas de las que se nutre la renovación de los activos del campo, la de jubilación anticipada y la de incorporación de jóvenes y mejora de las explotaciones, la situación va a empeorar aún más.
Esta campaña, la Junta piensa desestimar cerca de 600 de las 985 solicitudes presentadas a la línea de cese anticipado, por tener agotado todo el presupuesto asignado en el periodo 2000-2006, y mayores dificultades habrá en años venideros en los que solamente se aprobaran una media de 75 expedientes al año, que serán los abandonos de la leche, y para los que el dinero saldrá de la gente que finalice el programa por llegar a la edad de jubilación.
Y respecto a las líneas de incorporación de jóvenes y planes de mejora, la mínima dotación destinada y los requisitos exigidos, muchos de ellos sin razones técnicas justificadas, impiden y desaniman a acceder a las ayudas a la mayoría de los profesionales. Si además tenemos en cuenta el retraso en toda la tramitación de los expedientes, y después el cobro de las ayudas, desanima a quienes tienen ilusión por seguir en el sector modernizando sus explotaciones, generando empleo y creando riqueza, y contribuyendo a frenar el despoblamiento del medio rural.
POLÍTICA HIDRÁULICA
La Confederación Hidrográfica del Duero se comprometió con ASAJA a dar una salida a los 539 expedientes de solicitudes de nuevas concesiones de pozos en los acuíferos de Los Arenales y de Cuéllar que se presentaron antes del 20 de septiembre de 2001. La solución ofrecida es hacer concesiones por el equivalente a una superficie máxima de algo más de 3.000 hectáreas, lo que permitiría atender a cada solicitud pendiente con un máximo de diez hectáreas de superficie, una cifra que no cubre las expectativas de los agricultores pero que, al menos, contribuirá a agilizar la actividad productiva en estas zonas.
Igualmente, se van a agilizar los trámites para la inscripción de pozos en el catálogo de aguas privadas de las 415 solicitudes presentadas antes del 26 de octubre de 2001 y que aún no han sido resueltas.
A lo largo del 2003 se ha consumado el incumplimiento grave en Castilla y León del Plan Nacional de Regadíos, existiendo una demora en la ejecución tanto de las obras de mejora y consolidación de regadíos, en regadíos en ejecución y en los llamados regadíos sociales. Este incumplimiento de las inversiones fijadas en el PNR pueden ser especialmente negativo cuando a lo largo del 2004 se realice la evaluación intermedia del Plan, en la que se puede producir un trasvase de fondos hacia otras Comunidades donde se están agotando todas las disponibilidades presupuestarias para invertir en dichas zonas.
En este sentido, ASAJA no ha apreciado avances destacables es en el conflicto de los regantes del Carrión (Palencia) y del Páramo Bajo y Payuelos (León), puntos para los que la OPA reclama unas tasas acordes con la realidad productiva de los regadíos, y que las inversiones en regadíos se puedan amortizar en 50 años, en vez de 25 como en la actualidad, y que sean cuotas todas ellas iguales.
SEGUROS AGROPECUARIOS
El porcentaje de superficie asegurada de cereales es análogo a la del año pasado, situándose en un 79 %, aunque la superficie cerealística asegurada ha bajado en un 5,5%, considerando conjuntamente los seguros integrales, combinados y de rendimientos, que han dado cobertura en 2003 a 1.652.067 hectáreas.
El resto de líneas de seguros agrarios se han caracterizado por una estabilidad en cuanto al aseguramiento, a excepción del seguro de uva de vinificación que ha incrementado un 16,6% la superficie asegurada, hasta 16.223,16 hectáreas.
El seguro experimental de ingresos en patata, que se instauró a mediados de año en las provincias de Burgos, León y Valladolid, no ha cubierto las expectativas con una suscripción muy pobre, 41 pólizas y 166,45 hectáreas.
En seguros ganaderos se ha producido un incremento de la contratación en todas las líneas, aunque hay que hacer especial mención del nuevo seguro para la cobertura de los gastos derivados de la retirada y destrucción de animales muertos de las especies ovina y caprina, siendo significativa la implantación del seguro en ocho provincias de Castilla y León (excluida León): 8.003 explotaciones, 2.798.764 animales (85,31 %).
La siniestralidad agrícola ha sido muy inferior al año anterior, habiéndose pasado de 22.083 declaraciones de siniestro a 8.603 en el 2003, suponiendo un 70 por ciento de esta cantidad los seguros de cereales de invierno, al verse afectadas más de 150.000 hectáreas.
La uva de vinificación y los cereales de primavera ocupan un lugar importante en los siniestros producidos, con 707 y 757 partes de siniestro respectivamente.
SEGURIDAD SOCIAL
El Gobierno dio a conocer la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, sobre medidas de reforma económica que recoge en su articulado el Acuerdo suscrito entre ASAJA y el Ministerio de Trabajo el pasado 21 de mayo en materia de Seguridad Social Agraria.
ASAJA de Castilla y León se congratuló por la publicación de la Ley en la que se desarrollan los puntos acordados con esta Organización con respecto al REASS. En ella aparece reflejado el criterio de voluntariedad respecto al Régimen, es decir, aquellos trabajadores que quieran optar por seguir en el régimen actual lo podrán hacer, y los que renuncien irán al nuevo sistema que entra en vigor a partir del 1 de enero de 2004 y que experimenta una ligera subida de cotizaciones año tras año, con el consiguiente aumento de las prestaciones, hasta su equiparación con las del Régimen por Cuenta Propia o de Autónomos. Igualmente, la Ley desarrolla la incorporación, sin ninguna objeción, al Régimen Especial Agrario siempre que se demuestre que hay una dedicación preponderante en la actividad agraria.
Por otro lado, el texto recoge la compatibilidad de las labores del trabajador por cuenta propia del Régimen Agrario con la realización de labores por cuenta ajena sin que suponga que tales trabajadores deban cotizar como cuenta ajena (estas situaciones se producen principalmente en las zonas del litoral mediterráneo).
Además existe el compromiso de elaborar, en un corto plazo, una nueva definición del trabajador por cuenta propia del REASS que mantenga como tales a los que tienen ésta condición en la actualidad, así como de arbitrar una reducción en la base de cotización para los jóvenes menores de 30 años. Estas propuestas se concretarán en la Comisión creada entre el Ministerio de Trabajo y ASAJA que quedó formalmente constituida el pasado día 30 de octubre.
Con este conjunto de medidas recogidas en la Ley que se ha publicado se da cumplimiento al Acuerdo de 21 de mayo citado anteriormente y por tanto a las propuestas y reivindicaciones formuladas por ASAJA, que continuará trabajando en la mejora de la Seguridad Social Agraria.
MEDIO AMBIENTE
ASAJA ha pedido a lo largo del año la colaboración de las administraciones locales, así como de las diputaciones y de la Federación Regional de Municipios y Provincias, para que el mayor número posible de las granjas familiares de Castilla y León que radican en núcleos urbanos o en sus áreas de influencia puedan resolver su situación legal, aunque en algunos casos lo sea de forma transitoria.
Tanto Medio Ambiente como Agricultura y Ganadería alcanzaron un compromiso preelectoral de agilizar la legalización de estas granjas, pero una vez pasadas las elecciones autonómicas no se ha avanzado absolutamente nada, ni se ha remitido a las organizaciones agrarias ningún documento de trabajo sobre el tema. Esto, unido a la presión que están sufriendo los ganaderos, a los que se les asusta con multas que pueden llegar incluso a los 300.000 euros, llevó a ASAJA a abandonar la comisión creada para estudiar la legalización de estas explotaciones ganaderas ubicadas en los cascos urbanos.
Igualmente, la organización profesional ha exigido a la Administración Autonómica que cree unas ayudas especiales para aquellas explotaciones que se vean obligadas a salir del casco urbano. En estos casos, también sería fundamental una revisión de los planes urbanísticos de ámbito municipal, porque actualmente existen infinidad de trabas para poder edificar en suelo no urbanizable.
