El Programa de Abandono Voluntario de la Producción Lechera, en vigor desde el pasado mes de julio, supondrá para los productores de Castilla y León unas pérdidas de casi 4.000 euros, al reducir drásticamente la indemnización que perciben las explit
El BOCyL publicó en julio la Orden reguladora del Programa Nacional de Abandono Voluntario de la Producción Lechera, cuyo plazo de solicitud finalizará el 27 de septiembre. ASAJA denuncia que esta normativa supone para Castilla y León un recorte por parte del Ministerio de Agricultura de casi 4.000 euros para cada profesional que cese su actividad y reclama a la Consejería de Agricultura que compense estas pérdidas.
Según la normativa ministerial, cuya trasposición publicó la Consejería de Agricultura y Ganadería en el BOCyL del pasado día 17 de julio, la indemnización por abandono de la producción lechera se reducirá para las explotaciones con más de 50.000 kilogramos de cantidad de referencia, pasando de ser 0,33 euros por kilo a los 0,25 o incluso 0,15 euros por kilogramo.
Esto significará un recorte brutal de la cuantía que estaban recibiendo estos ganaderos. La Administración pretende justificar esta disminución por la evolución del mercado. Para ello, toman como referencia los precios de venta al público de la leche que, según el IPC acumulado del año 2001 subieron un 7,1 por ciento. Pero esta referencia es engañosa, puesto que en ese mismo periodo los precios en origen –es decir, lo que realmente se pagó al ganadero– descendieron en un 7,3 por ciento.
Con esta sesgada manera de interpretar la evolución de los precios de la leche parece que la Consejería se suma al juego iniciado por las industrias lecheras, un juego en el que el perdedor es siempre el ganadero, denuncia ASAJA.
Por estos motivos, ASAJA pide a la Consejería que complete mediante algún mecanismo la compensación que ahora recorta el Ministerio, para que llegue al menos a los 0,42 euros por kilo, el precio medio que tienen las transferencias de cuota entre particulares.
CESE ANTICIPADO
Unido a este asunto, se mantiene aún el enorme atasco en la tramitación de solicitudes de cese anticipado, que se pide de manera simultánea y vinculada al abandono de la producción láctea. De los 88 productores que dejaron obligatoriamente la actividad el 31 de marzo, 62 lo hicieron con la intención de acogerse a la vez al cese anticipado.
Sin embargo, como aún no ha sido publicada la normativa de cese anticipado de este año, desde marzo ya no son ganaderos ni cobran la ayuda de la jubilación. Así, se han quedado sin actividad y también sin dinero.
ASAJA advierte a la Administración que, sumando los problemas de retrasos en el cese anticipado con la exigua cuantía que se percibe por el abandono no se hace otra cosa que desanimar a los profesionales que quieren optar por transferir su cuota a los jóvenes que se incorporan, algo muy negativo para un sector necesitado de la incorporación de nuevos ganaderos.