ASAJA encabeza las protestas contra la reforma de la PAC, que supondrá una pérdida de 660 millones de euros para la región y recortará en un 20 por ciento los ingresos de los agricultores y ganaderos
La nueva PAC, presentada el pasado 10 de julio por el comisario de Agricultura, Franz Fischler, ante la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, tendrá un periodo de vigencia de 7 años, desde 2004 hasta 2010. En ese periodo, Castilla y León, de aprobarse la reforma en sus actuales términos, perderá unos 660 millones de euros (casi 110.000 millones de pesetas), como consecuencia de la aplicación de la modulación progresiva de las ayudas directas (374 millones) y de la reforma del sistema de ayudas de los sectores de los cereales (225 millones) y de los forrajes desecados (60 millones).
La propuesta de la comisión europea de modulación de las ayudas se basa en los siguientes criterios: en primer lugar, la reducción de todos los pagos directos de forma progresiva, a un ritmo de un 3 por ciento anual, hasta alcanzar el 20 por ciento.
En segundo lugar, se propone una franquicia de 5.000 euros para las explotaciones que tengan hasta 2 UTA y, por cada UTA adicional, se podrá conceder una franquicia añadida de 3.000 euros. Tras aplicar la franquicia y la modulación, la cantidad máxima que se pagará por explotación será de 300.000 euros.
En tercer lugar, el dinero ahorrado por esta reducción de las ayudas se distribuirá entre los Estados miembros de la UE en función de la superficie agrícola, el empleo agrario y un criterio de prosperidad.
Por último, este dinero podrá destinarse, por un lado, a reforzar programas de desarrollo rural (indemnización compensatoria, forestación agraria, cese anticipado, medidas agroambientales e inversiones en explotaciones e industrias agroalimentarias) y, por otro, a nuevas medidas que se pondrán en marcha en los próximos años: programas de calidad y certificación de las producciones; ayudas a la adaptación de la normativa comunitaria en materia de medio ambiente, seguridad alimentaria, bienestar de los animales y seguridad en el trabajo; ayudas para auditorias agrarias, y medidas agroambientales destinadas al bienestar de los animales.
Los principales perjudicados por la modulación dinámica en Castilla y León serán los Agricultores a Título Principal (ATP), es decir, los verdaderos profesionales del campo. La reforma costará al campo regional 374 millones de euros, de los que 211 son aportados por los ATP. En Castilla y León hay actualmente 105.634 solicitantes de las ayudas de la PAC, de los que 61.500 perciben menos de 5.000 euros anuales y, por tanto, están exentos de la modulación. De éstos, sin embargo, menos de la cuarta parte (aproximadamente 15.000) son ATP. En cambio, de los 44.157 que perciben más de 5.000 euros y sí son modulables, la mayoría (27.240, el 61,68 por ciento) son ATP.
Existe un problema añadido, y es que la propuesta de la Comisión Europea no garantiza que las cantidades que se reduzcan en una Comunidad Autónoma como consecuencia de la modulación puedan ser utilizadas por ésta para las medidas de desarrollo rural.
El planteamiento es el siguiente: las cantidades detraídas por la modulación formarán una bolsa común, que se distribuirá por la Comisión entre los Estados.
Estas cifras demuestran para ASAJA que la reforma diseñada por el comisario Fischler es un ataque directo al agricultor profesional de Castilla y León y beneficia a los que tienen la agricultura como actividad complementaria. La modulación propuesta supondrá un grave daño para los profesionales de la región y, por esta razón, ASAJA exige que, si tiene que aplicarse, se realice sobre aquellos que no tienen en el campo su principal actividad.
CEREALES
Para el sector de los cereales, la Comisión Europea ha propuesto, en primer lugar, una reducción del 5 por ciento del precio de intervención, que pasaría de 101,31 euros/tonelada a 95,35 euros a partir de la cosecha del año 2004.
Esta reducción, en segundo lugar, se compensaría de forma análoga a la Agenda 2000, es decir, la compensación vía pago directo sería de 2,21 euros/tonelada respecto a la campaña actual. Este incremento afectaría no sólo a la superficie de cereales, sino también a la de oleaginosas, proteaginosas y retiradas.
En tercer lugar, se plantea eliminar los incrementos mensuales: 0,93 euros/tonelada y mes a partir de noviembre.
En cuarto lugar, se reducirá el suplemento de pago al trigo duro en zonas tradicionales de 344,5 a 250 euros/tonelada y se abolirá la ayuda especial al trigo duro en zonas no tradicionales, fijada actualmente en 138,9 euros.
Por último, se propone reducir la protección en fronteras, eliminar la intervención en el centeno e introducir una prima de calidad al trigo duro de 15 euros/tonelada.
Las propuestas de la Comisión, que supondrán una pérdida anual de 32 millones de euros (ver cuadro), se basan en unas perspectivas de mercado previsiblemente favorables, sin tener en cuenta que los apoyos de la nueva política agraria en los Estados Unidos, van a provocar una bajada de los precios mundiales del cereal.
Además, la Comisión apoya la bajada del precio de intervención con una compensación vía rentas, que, en ningún caso, va a compensar la pérdida de ingresos. No existen razones fundamentales que justifiquen la rebaja del precio de intervención, ya que la actual recuperación moderada de los precios mundiales de estos productos puede cambiar en función de la evolución de las cosechas de los principales productores.
FORRAJES DESECADOS
La reforma costará a los forrajes desecados 60 millones de euros en 7 años y, lo que es peor, impedirán el desarrollo de un sector que está experimentando un importante despegue en las últimas campañas. Este sector ha pasado de producir 19.000 toneladas en la campaña 1995/1996 a las 80.000 recogidas en la 2001/2002 y se han realizado importantes inversiones para crear plantas transformadoras: en 1999 sólo existía una y, en este momento, ya son 11 las plantas existentes.
La Comisión propone sustituir el sistema actual de pago a las industrias transformadoras en función de la cantidad de forraje transformado, por una ayuda directa a los productores de 160 millones de euros para toda la Unión Europea. Esta cantidad se distribuiría en función de las cantidades nacionales garantizadas de forrajes deshidratados y secados al sol en su conjunto.
En segundo lugar, propone el establecimiento de derechos a productores en función de las entregas a industrias en un periodo histórico de referencia, solución muy negativa para Castilla y León, donde se tienen muy pocas entregas históricas al contar con poca producción y empresas transformadoras muy recientes.
Por último, para facilitar la transición, se mantendrá un sistema de ayuda único simplificado a la industria para forraje deshidratado y secado al sol con un pago reducido de 33 euros/tonelada. Sin embargo, estas ayudas no tienen una garantía de mantenimiento por un periodo determinado de años, de forma que la viabilidad de las industrias desde el punto de vista de las amortizaciones puede verse afectada. Hay que tener en cuenta demás que, con el actual sistema, España puede percibir ayudas por excedentes si éstos compensan cantidades no producidas por otros Estados. Así, a España le corresponden teóricamente 88 millones de euros por la anterior campaña pero, en realidad, se recibieron más de 133 millones, de forma que las pérdidas serían aun mayores.
ASAJA CASTILLA Y LEÓN RECHAZA FRONTALMENTE EL DOCUMENTO
La Junta Directiva de ASAJA Castilla y León analizó en su última reunión las repercusiones de la reforma de la PAC y expresó su rechazo frontal al documento por las pérdidas económicas que supondrá para el sector agrícola y ganadero de la Comunidad. Fischler ha presentado una nueva PAC que recoge los postulados defendidos por Coag y Upa, en los que deslegitiman las ayudas agrarias a la producción, cuestionan el papel del agricultor y ganadero como productor de alimentos y se asumen las tesis de los ecologistas y otros enemigos del campo.
Upa y Coag obtuvieron un buen resultado en las elecciones a Cámaras Agrarias al llevar la modulación por bandera, mientras ASAJA, que exigía un mejor reparto de las ayudas, siempre ha sido recelosa de una modulación que podía perjudicar al agricultor profesional. Los hechos, desgraciadamente, dan la razón a ASAJA: la modulación recortará en un 20 por ciento los ingresos del agricultor profesional y no se sabe a qué se van a destinar.
La propuesta tiene otras sombras: en primer lugar, el desacoplamiento, que supondrá desligar las ayudas de la producción para fijar como criterio las cantidades cobradas en años anteriores. En segundo, las exigencias medioambientales y de sanidad y bienestar animal, que van a suponer un encarecimiento de los costes de producción y también un incremento de los trámites burocráticos al exigirse auditorias medioambientales para aquellos que perciban ayudas por importe superior a los 5.000 euros.
Algunos sectores, como los cereales, salen realmente perjudicados por la bajada de los precios de intervención, que repercutirá negativamente en el precio de mercado que reciben los agricultores por su producción. En el caso de la alfalfa, que, después de unos años de fuertes inversiones en la compra de deshidratadoras de forraje, esta experimentando un importante despegue en la región, éste puede verse truncado por esta reforma al fijar las ayudas en función de su producción histórica.
ASAJA Castilla y León reitera su petición a la Junta y al Ministerio de Agricultura para que se opongan a esta reforma y defiendan con firmeza planteamientos que beneficien a la agricultura y ganadería de la región. También recuerda ASAJA que la reforma sería un momento oportuno para poner encima de la mesa la necesidad de incrementar en Castilla y León los rendimientos productivos, los derechos a las primas de vacuno, el cupo de producción de maíz o el asignado para la producción lechera.
