La propuesta del comisario europeo de Agricultura, Franz Fischler, para reformar la Política Agraria Común (PAC), que incluye, entre otras medidas, una modulación progresiva de las ayudas hasta alcanzar el 20 por ciento en un periodo de siete años, h
Más de 1.200 agricultores españoles, entre ellos, una nutrida representación del campo de Castilla y León, se manifestaron el pasado 10 de julio en Bruselas, convocados por ASAJA, contra la reforma de la Política Agraria Común (PAC), promovida por el comisario Franz Fischler, que supondrá, de salir adelante tal en sus actuales términos, un recorte progresivo de las ayudas, que alcanzará el 20 por ciento en un periodo máximo de 6 ó 7 años.
La manifestación, encabezada por el presidente nacional de ASAJA, Pedro Barato, se inició en la plaza Schumann, corazón del barrio europeo de Bruselas, y, tras recorrer las principales calles de la capital belga, finalizó en las inmediaciones de la sede del Parlamento Europeo, coincidiendo con la presentación del documento que Fischler realizó ante la Comisión de Agricultura.
Los manifestantes, entre los que se encontraba una delegación de ASAJA Castilla y León formada por una veintena de miembros de la organización procedentes de las nueve provincias, dejaron patente la posición de los agricultores y ganaderos ante este nuevo atropello de la Comisión Europea.
Las personas allí congregadas portaron banderas de España y de Castilla y León con el símbolo de ASAJA y pancartas donde se podían leer lemas criticando al comisario Fischler y su propuesta de reforma. Entre las medidas que se proponen, y que ASAJA considera que perjudican gravemente al campo de Castilla y León, se incluye la modulación progresiva, que supondrá un recorte de las ayudas directas para todos los perceptores que reciban más de 5.000 euros (831.930 pesetas), es decir, la mayoría de los agricultores y ganaderos profesionales de la región. Este recorte alcanzará el 20% en un periodo de 6 a 7 años.
Por el contrario, no se reducen las ayudas a la mayoría de los que tienen la agricultura como actividad complementaria (asalariados, autónomos de otros negocios o jubilados) y que perciben subvenciones inferiores.
Según los primeros cálculos efectuados por los servicios técnicos de ASAJA, el impacto económico que tendría la reforma de la PAC para el campo español, tal y como está prevista en el documento aprobado, significaría una reducción de 742 millones de euros anuales, a lo que habría que incrementar el efecto de la inflación, lo que nos situaría en unas cifras muy superiores, una vez aplicada la reforma.
Para ASAJA de Castilla y León, se trata de una propuesta intolerable, ya que perjudica a nuestros profesionales, que son los que viven realmente de la renta agraria, y deja exentos a los “agricultores a tiempo parcial” (ATP), que tienen otras fuentes de ingreso y que van a poder seguir compitiendo de manera más desleal, si cabe. La organización agraria recela del destino del dinero de la modulación, ya que, mientras algunos programas de las medidas de acompañamiento de la PAC son atractivos e interesantes, como el caso de las jubilaciones anticipadas o las ayudas a zonas desfavorecidas, otros, por el contrario, suponen un claro trasvase del dinero del campo a fines no agrarios. Es el caso de la forestación o los programas Leader y Proder.
Esta reforma supondrá, entre otras medidas, la bajada del precio de intervención de los cereales, la introducción de cambios importantes en las ayudas al vacuno de carne y la puesta en duda de los apoyos a los forrajes y del sistema de cuotas lecheras.
La manifestación, encabezada por el presidente nacional de ASAJA, Pedro Barato, se inició en la plaza Schumann, corazón del barrio europeo de Bruselas, y, tras recorrer las principales calles de la capital belga, finalizó en las inmediaciones de la sede del Parlamento Europeo, coincidiendo con la presentación del documento que Fischler realizó ante la Comisión de Agricultura.
Los manifestantes, entre los que se encontraba una delegación de ASAJA Castilla y León formada por una veintena de miembros de la organización procedentes de las nueve provincias, dejaron patente la posición de los agricultores y ganaderos ante este nuevo atropello de la Comisión Europea.
Las personas allí congregadas portaron banderas de España y de Castilla y León con el símbolo de ASAJA y pancartas donde se podían leer lemas criticando al comisario Fischler y su propuesta de reforma. Entre las medidas que se proponen, y que ASAJA considera que perjudican gravemente al campo de Castilla y León, se incluye la modulación progresiva, que supondrá un recorte de las ayudas directas para todos los perceptores que reciban más de 5.000 euros (831.930 pesetas), es decir, la mayoría de los agricultores y ganaderos profesionales de la región. Este recorte alcanzará el 20% en un periodo de 6 a 7 años.
Por el contrario, no se reducen las ayudas a la mayoría de los que tienen la agricultura como actividad complementaria (asalariados, autónomos de otros negocios o jubilados) y que perciben subvenciones inferiores.
Según los primeros cálculos efectuados por los servicios técnicos de ASAJA, el impacto económico que tendría la reforma de la PAC para el campo español, tal y como está prevista en el documento aprobado, significaría una reducción de 742 millones de euros anuales, a lo que habría que incrementar el efecto de la inflación, lo que nos situaría en unas cifras muy superiores, una vez aplicada la reforma.
Para ASAJA de Castilla y León, se trata de una propuesta intolerable, ya que perjudica a nuestros profesionales, que son los que viven realmente de la renta agraria, y deja exentos a los “agricultores a tiempo parcial” (ATP), que tienen otras fuentes de ingreso y que van a poder seguir compitiendo de manera más desleal, si cabe. La organización agraria recela del destino del dinero de la modulación, ya que, mientras algunos programas de las medidas de acompañamiento de la PAC son atractivos e interesantes, como el caso de las jubilaciones anticipadas o las ayudas a zonas desfavorecidas, otros, por el contrario, suponen un claro trasvase del dinero del campo a fines no agrarios. Es el caso de la forestación o los programas Leader y Proder.
Esta reforma supondrá, entre otras medidas, la bajada del precio de intervención de los cereales, la introducción de cambios importantes en las ayudas al vacuno de carne y la puesta en duda de los apoyos a los forrajes y del sistema de cuotas lecheras.
