ASAJA de Castilla y León ha remitido una carta a la consejera de Medio Ambiente, Silvia Clemente, para anunciar que abandona la comisión creada para estudiar la legalización de explotaciones ganaderas ubicadas en los cascos urbanos.
ASAJA de Castilla y León ha remitido una carta a la consejera de Medio Ambiente, Silvia Clemente, para anunciar que abandona la comisión creada para estudiar la legalización de explotaciones ganaderas ubicadas en los cascos urbanos. Con esta retirada, la organización quiere manifestar su total disconformidad con el hecho de que desde el pasado 21 de marzo no se haya vuelto a reunir esa mesa de negociación, circunstancia que ASAJA atribuye a la falta de voluntad política para solucionar un problema que afecta a prácticamente la mitad de las explotaciones de la región.
A pesar de que en la citada última reunión tanto la consejera de Medio Ambiente como el titular de Agricultura y Ganadería, José Valín, se comprometieron a agilizar la legalización de estas granjas, lo cierto es que en estos meses no se ha avanzado absolutamente nada, ni se ha remitido a las organizaciones agrarias ningún documento de trabajo sobre el tema. Para ASAJA, este retraso es injustificable y sólo atribuible a la torpeza y dejadez de la Administración, que no ha mostrado la misma falta de diligencia para dar curso a las denuncias contra esas explotaciones que, involuntariamente, se encuentran en esa situación “alegal”.
ASAJA no tolera que se juegue de esa manera con el sector, amedrentando a los ganaderos con multas que pueden llegar incluso a los 300.000 euros (unos 50 millones de pesetas) . El hecho es que, según la normativa sobre Actividades Clasificadas, una infracción administrativa –como la de tener una explotación sin licencia– está considerada como falta muy grave, aun en el caso de que la granja cumpla en la práctica con todos los requisitos medioambientales.
Esas sanciones que se están tramitando están respaldadas por los Servicios Territoriales de Medio Ambiente de las Delegaciones Territoriales de la Junta en cada provincia, lo que, según ASAJA, “demuestra que existe una voluntad política de perjudicar y eliminar a estas explotaciones ganaderas sin proporcionarles ningún medio de legalizar su situación”.
