El Consejo de Ministros de mañana viernes aprobará previsiblemente un decreto – ley que derogará el trasvase del Ebro, y que entre otras actuaciones establece las tarifas que se aplicará al cerca de un millar de hectómetros cúbicos que se quieren conseguir para compensar a la huerta de la Comunidad Valenciana y de Murcia. Se trata de la primera vez en la que se legisla sobre el particular, por lo que ASAJA de Castilla y León ha advertido sobre la importancia de este baremo de precios, que seguramente sea la referencia para extrapolar el sistema en un futuro no muy lejano al resto del país.
El Consejo de Ministros de mañana viernes aprobará previsiblemente un decreto – ley que derogará el trasvase del Ebro, y que entre otras actuaciones establece las tarifas que se aplicará al cerca de un millar de hectómetros cúbicos que se quieren conseguir para compensar a la huerta de la Comunidad Valenciana y de Murcia. Se trata de la primera vez en la que se legisla sobre el particular, por lo que ASAJA de Castilla y León ha advertido sobre la importancia de este baremo de precios, que seguramente sea la referencia para extrapolar el sistema en un futuro no muy lejano al resto del país.
Los precios que se aplicarán oscilan entre los 0,12 y los 0,30 euros el metro cúbico para uso agrícola, cantidades que los regantes de la zona del Levante han asegurado que llevarían a la desaparición de muchos regadíos porque romperían la rentabilidad de los cultivos. Tal como señala ASAJA, “si para la huerta murciana o valenciana, donde se producen hasta tres cosechas en un año, estas cifras son inviables, es fácil averiguar qué efecto tendría sobre la agricultura, mucho más pobre, de Castilla y León”. Baste poner como ejemplo a cultivos como el maíz, la alfalfa y la remolacha, que consumen unos 7.000 metros cúbicos por hectárea. La suma de las cantidades que en la actualidad el agricultor abona –una a la Confederación Hidrográfica por el uso del agua y de las infraestructuras y otra más a la comunidad de regantes correspondiente–, se vería multiplicada por un sobrecoste comprendido entre 840 euros / hectárea (140.000 pesetas) y 2.100 euros / hectárea (350.000 pesetas). Este sobrecoste, unido a la ya escasa rentabilidad, supondría el abandono del riego como práctica de cultivo, un riego que está manteniendo las rentas, y por tanto la población, en muchas zonas de nuestra región.
ASAJA considera que, si lo que pretende el Gobierno es controlar el consumo del agua, lo primero que hay que hacer es mejorar unas infraestructuras en muchos casos obsoletas que permiten una constante pérdida del suministro. En este sentido, es fundamental ejecutar las obras incluidas en el Plan Nacional de Regadíos para Castilla y León, obras que ASAJA ha reclamado repetidamente. Además, aprovechando que pretende el Gobierno modificar su legislación, le instamos a que la subvención que aporta la Unión Europea para este tipo de obras se destine directamente a ellas, en lugar de ser retenida por el Ministerio y redistribuida como si se tratara de presupuesto nacional propio, y que el porcentaje que no cubra Bruselas se cofinancie al 50 por ciento entre las administraciones, nacional y autonómica, y el sector, y se amortice en un plazo de 50 años.
Los precios que se aplicarán oscilan entre los 0,12 y los 0,30 euros el metro cúbico para uso agrícola, cantidades que los regantes de la zona del Levante han asegurado que llevarían a la desaparición de muchos regadíos porque romperían la rentabilidad de los cultivos. Tal como señala ASAJA, “si para la huerta murciana o valenciana, donde se producen hasta tres cosechas en un año, estas cifras son inviables, es fácil averiguar qué efecto tendría sobre la agricultura, mucho más pobre, de Castilla y León”. Baste poner como ejemplo a cultivos como el maíz, la alfalfa y la remolacha, que consumen unos 7.000 metros cúbicos por hectárea. La suma de las cantidades que en la actualidad el agricultor abona –una a la Confederación Hidrográfica por el uso del agua y de las infraestructuras y otra más a la comunidad de regantes correspondiente–, se vería multiplicada por un sobrecoste comprendido entre 840 euros / hectárea (140.000 pesetas) y 2.100 euros / hectárea (350.000 pesetas). Este sobrecoste, unido a la ya escasa rentabilidad, supondría el abandono del riego como práctica de cultivo, un riego que está manteniendo las rentas, y por tanto la población, en muchas zonas de nuestra región.
ASAJA considera que, si lo que pretende el Gobierno es controlar el consumo del agua, lo primero que hay que hacer es mejorar unas infraestructuras en muchos casos obsoletas que permiten una constante pérdida del suministro. En este sentido, es fundamental ejecutar las obras incluidas en el Plan Nacional de Regadíos para Castilla y León, obras que ASAJA ha reclamado repetidamente. Además, aprovechando que pretende el Gobierno modificar su legislación, le instamos a que la subvención que aporta la Unión Europea para este tipo de obras se destine directamente a ellas, en lugar de ser retenida por el Ministerio y redistribuida como si se tratara de presupuesto nacional propio, y que el porcentaje que no cubra Bruselas se cofinancie al 50 por ciento entre las administraciones, nacional y autonómica, y el sector, y se amortice en un plazo de 50 años.
