ASAJA de Castilla y León ha denunciado que los ganaderos están abonando ya a las industrias y cooperativas las tasas correspondientes al sobrepasamiento de la cuota láctea de la campaña 2004-2005, a pesar de que el secretario general del Ministerio de Agricultura, Fernando Moraleda, ha asegurado que estos pagos se aplazarían.
En la campaña 2004-2005 España ha superado en 68.000 toneladas de producción de leche la cuota asignada por la Unión Europea, de las que aproximadamente 13.600 toneladas corresponden a Castilla y León. En dinero, la multa que asumirá el sector productor de la región rondará los cuatro millones de euros.
Dada la situación extremadamente delicada que atraviesa la ganadería de leche y suponiendo el impacto que en este momento tendría la aplicación de esta multa, el secretario del Ministerio anunció que estaban estudiando fórmulas de aplazamiento de este pago, que en todo caso debe realizarse hasta el 20 de septiembre, puesto que el Reglamento europeo (1788/2003) obliga a los Estados miembros a efectuar el pago antes del 1 de octubre. Pero el hecho es que los primeros compradores (industrias lácteas y cooperativas), los encargados de hacer el pago en nombre de los ganaderos al FEGA, ya están aplicando descuentos en la liquidación mensual de la leche entregada por los productores, y es de suponer que lo sigan haciendo en las próximas semanas.
“Está claro que industrias y cooperativas quieren curarse en salud y liquidar sus cuentas a tiempo, y mientras Moraleda sigue creando expectativas sobre una moratoria en el pago, los ganaderos tienen que hacer frente con su esfuerzo y en muchos casos solicitando nuevos préstamos bancarios a esta situación inesperada”, subraya ASAJA. Las multas son considerables, teniendo en cuenta que la mayoría de las explotaciones que han sobrepasado su cuota son profesionales y que la sanción por kilo asciende a 0,3327 euros, cifra superior al precio que se pagó al ganadero por cada uno de esos kilos de leche.
Finalmente, ASAJA entiende que lo que está negociando Moraleda con Bruselas es un aplazamiento del pago dilatado en el tiempo, de tres o cuatro años, y sin intereses ni avales, ya que de lo contrario esta salida no sería atractiva para el sector. De hecho, la Ley Tributaria actual en vigor permitiría, como en cualquier deuda con el Estado, el aplazamiento del pago siempre que lo solicite el primer comprador (industria o cooperativa), mediante un aval que cubriría el principal, más intereses, más el 25 por ciento de la suma de ambos conceptos, más intereses (Euribor más un punto), condiciones que, obviamente, no serían interesantes para los profesionales.
