La reducción del número de efectivos es lo único que ha salvado a la renta agraria española de descender un año más, tal como destaca ASAJA de Castilla y León.
La evolución de la economía agraria no puede ir peor en estos años de gobierno socialista con Elena Espinosa como ministra, apunta la organización agraria ASAJA. Mientras antes la renta caía sólo cuando se producían catástrofes climáticas, ahora también cae porque los cultivos son menos rentables, fruto de las políticas agrarias que se aplican, y por mantener unos mercados mal regulados donde se vende barato para mayor beneficio del intermediario y las grandes superficies y se compra caro, sobre todo los productos energéticos y fertilizantes.
Si bien el Gobierno no aporta datos de Castilla y León, y la Junta los aporta con un retraso de ¡cuatro años!, todo apunta a que en esta región la situación será peor, pues hay que tener en cuenta que la cosecha de cereal de secano fue mediocre, se ha perdido rentabilidad en el cultivo de la remolacha, y ha habido una importante crisis en el mercado de la leche, particularmente de ovino. Con esto la renta agraria no será mejor que en el conjunto de España, donde según el ministerio ha subido el 0,1 por ciento, aunque en la renta por ocupado se podría mejorar, ya que en Castilla y León la caída de efectivos va a superar ampliamente el 4 por ciento a nivel nacional. Los datos de la Seguridad Social corroboran que en el periodo noviembre de 2005 a noviembre de 2006, un total de 2.129 agricultores castellano y leoneses abandonaron la actividad, lo que representa el 5,2 por ciento.
Según el ministerio de Agricultura, la renta agraria por ocupado en 2006 fue de 24.728 euros en moneda corriente y de 12.931 euros a precios constantes. Tal como advierte ASAJA, en el cálculo de la renta no se tienen en cuenta factores tan importantes como las cargas sociales que afronta el agricultor como autónomo, la renta de la tierra (más del 60 por ciento de la superficie que se cultiva en cada explotación en Castilla y León es arrendada), ni los intereses del circulante y las inversiones que se realizan. Sí se consideran las amortizaciones, cifradas en una media de 3.800 euros por ocupado, y las subvenciones, que las calculan en una media de 6.850 euros por ocupado a tiempo completo. Las subvenciones, que en su mayoría provienen de la política agrícola común (PAC), representan el 15,4 por ciento de la producción final agraria de nuestro país (ingresos brutos del sector más las ayudas de la PAC). El Gobierno, de forma interesada, las compara con la renta agraria (ingresos netos), representando en este caso el 27,7 por ciento de la misma.
Los indicadores de renta agraria y renta por ocupado en la Unión Europea de 25 son muy superiores a las cifras de España, y espectacularmente mejores en países de gran tradición agrícola y ganadera como Francia y Alemania.
