La confirmación por parte de la Comisión, hecha pública ayer por diferentes medios, de que la nueva PAC no va a entrar en vigor hasta 2015, y por tanto que se prorroga un año el actual sistema de ayudas, “no es un problema respecto a los pagos directos que perciben los agricultores y ganaderos, pero sí lo es para las medidas de desarrollo rural”, opina ASAJA de Castilla y León.
La confirmación por parte de la Comisión, hecha pública ayer por diferentes medios, de que la nueva PAC no va a entrar en vigor hasta 2015, y por tanto que se prorroga un año el actual sistema de ayudas, “no es un problema respecto a los pagos directos que perciben los agricultores y ganaderos, pero sí lo es para las medidas de desarrollo rural”, opina ASAJA de Castilla y León. Mientras que el sistema contempla la posibilidad de prórroga en las ayudas de “pago único” y en los pagos acoplados, es decir, en las medidas del llamado primer pilar de la PAC, no es así respecto a los programas de desarrollo rural, que requieren de un acuerdo político y presupuestario para no dejar un año en blanco.
Por lo tanto, no están en peligro los 950 millones de euros al año que viene percibiendo el sector en ayudas directas en Castilla y León, pero sí los 250 millones anuales destinados a programas de desarrollo rural: zonas desfavorecidas, modernización de explotaciones, ceses anticipados en la actividad, programas agroambientales, ayudas a la agroindustria, programas forestales, infraestructuras agrarias –en particular regadíos –, o las ayudas para la incorporación de jóvenes al campo. Estos programas de desarrollo rural están cofinanciados por Junta y Estado, por lo que la situación económica de las administraciones españolas ya ha llevado al sector a prescindir de la mayoría de estos fondos dos años antes de la finalización del programa en diciembre de 2013, como bien ha denunciado ASAJA.
ASAJA espera que la prórroga de un año en la aplicación de la nueva PAC, hasta enero de 2015, sirva para cerrar los acuerdos en Bruselas con una buena negociación política y presupuestaria, y que después se aplique en nuestro país teniendo en cuenta la realidad productiva de Castilla y León. La nueva PAC ha de estar pensada para el agricultor profesional, no puede primar a quien no produce, ha de basarse en los rendimientos que se obtienen en las diferentes comarcas, no puede perjudicar a la agricultura de regadío, tiene que tener en cuenta la ganadería, y ha de fomentar un sector moderno y competitivo que siga produciendo alimentos de calidad. En esta nueva PAC, para Castilla y León es fundamental contar con medidas de desarrollo rural cuyos fondos no provengan del primer pilar, medidas que permitan el relevo generacional, modernicen el campo en sus estructuras productivas, compensen las mayores exigencias agroambientales, modernicen la industria y las cooperativas comprometidas con el sector de la producción, y apoyen a las zonas desfavorecidas y de montaña que tienen desventajas competitivas en el mercado.
ASAJA espera que la consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta, Silvia Clemente, traslade al ministerio la preocupación por los programas de Desarrollo Rural y que el departamento de Miguel Arias Cañete a su vez traslade a Bruselas la necesidad de un acuerdo rápido y satisfactorio sobre estos apoyos tan necesarios para el campo.
