La organización agraria ASAJA de Castilla y León considera desproporcionado y muy lesivo para los intereses de los agricultores el incremento de las tasas por informes y otras actuaciones administrativas que está aplicando este año la Confederación Hidrográfica del Duero
La organización agraria ASAJA de Castilla y León considera desproporcionado y muy lesivo para los intereses de los agricultores el incremento de las tasas por informes y otras actuaciones administrativas que está aplicando este año la Confederación Hidrográfica del Duero. Estos nuevos importes, que estableció el Gobierno en la pasada Ley de Presupuestos, vienen impuestos sin la consulta previa a la propia Confederación y sin contar con la opinión de las organizaciones profesionales agrarias ni de los sindicatos de riego.
ASAJA lamenta que este organismo, que es lento y usa procedimientos obsoletos en sus trámites administrativos, en vez de mejorar el servicio que presta al usuario dando pasos hacia una administración moderna, se convierta en una oficina recaudadora cobrando de forma desmedida por unos servicios públicos que deben de ser gratuitos. Así, y como ejemplo, destacar la tasa por “certificación a instancia de parte” que se fija en 17,61 euros, representando un incremento del 184% respecto al valor anterior, la tasa por informes facultativos con toma de datos en campo” se fija en 191,45 euros, representando una subida del 111% y la tasa por “registro de concesiones y autorizaciones administrativas se establece en 86,52 euros, lo que supone un incremento del 3.023% respecto a los 2,77 euros anteriores.
La Confederación Hidrográfica del Duero, como organismo que gestiona las autorizaciones y condiciones de uso de las aguas subterráneas y superficiales para el riego de los cultivos, es una administración fundamental para apoyar la necesaria modernización del campo y el relevo generacional con la incorporación de los jóvenes agricultores. De su presupuesto para obras y mejoras y del interés que se tome en facilitar los trámites administrativos en las concesiones, depende el éxito de los agricultores que afrontan un plan de mejora basado en la mayor productividad y alternativas de cultivo que ofrecen las tierras de regadío. Muchas de las concesiones que se solicitan no tienen un interés agrícola sino ganadero, pues todas las construcciones ganaderas, para cumplir con las distancias a núcleos urbanos, se ubican en terrenos rústicos donde no hay posibilidad de conectar con las redes de abastecimiento para el suministro de agua a los animales, lo que obliga a hacer una captación subterránea que tiene que autorizar la Confederación Hidrográfica.
