ASAJA respalda la decisión de la Junta de Castilla y León de recurrir el Real Decreto por el que se aprueba la Norma de Calidad del Ibérico por considerar que la actual normativa es muy lesiva para los intereses de los ganaderos e industriales de la Comunidad.
ASAJA respalda la decisión de la Junta de Castilla y León de recurrir el Real Decreto por el que se aprueba la Norma de Calidad del Ibérico por considerar que la actual normativa es muy lesiva para los intereses de los ganaderos e industriales de la Comunidad. La Organización Profesional Agraria ya mostró su desacuerdo con dicha normativa en las reuniones de la Mesa Sectorial del Ibérico convocada por la Junta de Castilla y León.
ASAJA considera especialmente dañina para Salamanca, como principal provincia productora, y para Castilla y León en su conjunto, la obligación de tener que incluir en la etiqueta con un determinado tamaño y sobre todo en la posición concreta que se exige, el porcentaje de raza ibérica. La Organización Profesional no se opone a que aparezca esta información en la etiqueta pero creemos que con esos requisitos lo único que consigue es confundir al consumidor.
En segundo lugar, ASAJA no está de acuerdo en que se limite el término “pata negra” a los cerdos 100% ibéricos y alimentados 100% con bellota, puesto que en realidad el porcentaje de animales que cumplen esos requisitos es casi inexistente. Además, el porcentaje de pureza debe ser obligatoriamente indicado independientemente del que sea. Por ese motivo, consideramos que limitar ese término tampoco beneficia ni al productor, ni al industrial, ni al consumidor, que será el más perjudicado.
ASAJA considera que la actual Norma de Calidad del Ibérico, tal y como está redactada, está orientada a favorecer a un determinado sector del porcino, que no es el de Castilla y León, Comunidad que es la principal productora de España.
Por ese motivo, desde la Organización Profesional Agraria, se respalda y se comparten los argumentos utilizados por la Junta de Castilla y León para recurrir el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de enero.
