El mes de marzo ha sido especialmente intenso en movilizaciones para el mundo agrario de Castilla y León. Es el momento de pedir reflexión de toda las autoridades políticas que tienen algo de representación y competencias en estos temas para que de verdad trabajen y presionen a quien sea necesario para que los productos que con tanto trabajo obtienen los agricultores tengan unos precios dignos.
El mes de marzo ha sido especialmente intenso en movilizaciones para el mundo agrario de Castilla y León. Coincidiendo con la puesta de largo de los productos agroalimentarios de la región en la Feria de Muestras de Valladolid, el sector agrícola y ganadero no ha tenido más remedio que manifestarse para expresar su incertidumbre y su oposición a la poca o nula rentabilidad que está obteniendo de sus explotaciones en este ultimo año, por causa de la bajada de los precios de los productos agrícolas y ganaderos.
Concretamente, las organizaciones agrarias y las cooperativas de leche de Castilla y León nos manifestábamos conjuntamente el día 9 de marzo a las puertas de Alimentaria para mostrar nuestra disconformidad con la amenaza de las industrias lácteas de seguir bajando los precios de la leche de una manera unilateral e injustificada, lo que va a ocasionar la ruina de los ganaderos de Castilla y León.
Debemos recordar que a esta amenaza de reducción de entre uno y dos céntimos de euro del precio de la leche se suma la sufrida por los ganaderos en el año anterior, que fue de entre 3 y 4 céntimos por litro. La protesta realizada tenía dos objetivos principales: uno, reivindicar ante las administraciones de esta región la exigencia del cumplimiento estricto de las cuotas para que no se beneficien las industrias e intermediarios de una leche a bajo precio y de la que sacan la máxima rentabilidad; y dos, dar a conocer a la sociedad castellana y leonesa y española que, mientras al ganadero se le está ahorcando con unos precios ridículos, al consumidor le cuesta cada vez más el producto final. Por consiguiente, son los que llevan las riendas de la cadena que hay entre el productor y el consumidor quienes se están enriqueciendo cada vez más de manera rápida y abusiva a costa del trabajo de los ganaderos y del bolsillo de los consumidores.
Por otra parte, el día 12 de marzo, los agricultores regantes de la cuenca del Carrión palentina se manifestaban en las cortes de Fuensaldaña para pedir al presidente de las Cortes, Manuel Estella, como cabeza visible del órgano supremo de esta comunidad, que se diese una solución definitiva a los problemas que padecen. Primero, que acabara con la incertidumbre actual de no contar con una concesión de agua que les permita iniciar, mantener y terminar una campaña de riegos con normalidad, teniendo que estar pendientes de si sobra o no agua para poder culminarla con normalidad; y segundo, que los agricultores paguen por las obras realizadas para facilitar las aportaciones de agua de Riaño al Carrión la parte que la ley de aguas ordena, y no lo que quiere la Confederación Hidrográfica del Duero. Al parecer, este organismo, a costa de las subvenciones europeas Feder para el desarrollo rural y de los agricultores de la cuenca del Carrión, quiere engordar sus arcas, las cuales hasta estos momentos no han servido para financiar ni la mejora de los regadíos de Castilla y León ni la de infraestructuras de ríos, arroyos o regueras, que en tan mal estado se encuentran, y que propician, por cierto, que en años lluviosos los desbordamientos sean tan perjudiciales para las tierras de Castilla y León.
Y otra más. El día 13 la organización agraria ASAJA volvía a manifestarse delante de Agroalimentaria en Valladolid, en protesta por los precios bochornosos de la patata. De todos es conocido que este sector ha padecido altibajos en los precios durante los últimos años, pero lo de este año ha sido especialmente penoso. Desde ASAJA, se ha pedido en innumerables ocasiones que se cree la Organización Común de Mercado de la patata o, que en el ámbito nacional, se arbitre una interprofesional del cultivo que acoja a productores, intermediarios y distribución, para fijar unos precios mínimos. A estas peticiones se han hecho oídos sordos por parte de las administraciones y por quien no le interesa que el agricultor pueda sacar rentabilidad de este producto. Desde luego, las cifras pueden escandalizar a cualquiera: mientras que el agricultor percibe por un kilo de patatas 3 céntimos de euro, al consumidor se le están cobrando 60 céntimos por el mismo kilo. Paralelamente a la concentración de agricultores de Castilla y León, ASAJA regaló, a cambio de un donativo simbólico, 5.000 kilos de patatas para los consumidores vallisoletanos.
Cualquier movilización, manifestación o denuncia que una organización emprende tiene un fin común: conseguir los resultados que en ella se exigen. Pero previamente -desde luego, así sucede en ASAJA- siempre ha primado el diálogo y la negociación. Cuando en esas mesas de trabajo no se nos hace caso, no nos queda otro remedio que manifestarnos en la calle, como lo hemos hecho estos días. No es la primera vez ni será la última, porque tenemos por objetivo defender al sector y conseguir nuestro propósito, eso sí, molestando lo menos posible al resto de la sociedad.
Pero en el ejercicio libre y democrático del derecho a manifestarnos hay veces que nos encontramos con que aquellos que tienen el deber de guardar el orden y también de facilitar las cosas a los ciudadanos, a las organizaciones y a ASAJA cuando salen a la calle a defender sus derechos, incumplen las normas básicas de comportamiento. Me estoy refiriendo principalmente a la carga de la Guardia Civil que el 12 de marzo hizo contra los regantes del Carrión y las organizaciones agrarias, desde todo punto de vista injustificada, abusiva y vergonzosa. De todos los presentes allí, ninguno dábamos crédito a que en 2003 las fuerzas del orden público se comportaran con agresividad casi bélica y cargaran contra los agricultores palentinos. No entendemos que ni la Guardia Civil que dio los palos, ni sus mandos más directos, ni los responsables políticos que les mandan tuviesen esa actuación contra unas personas que, libremente y de manera democrática, exigían sus derechos.
Por ir concluyendo este artículo, llamo a la reflexión de toda las autoridades políticas que tienen algo de representación y competencias en estos temas para que de verdad trabajen y presionen a quien sea necesario para que los productos que con tanto trabajo obtienen los agricultores tengan unos precios dignos. También les pido que, cuando no nos quede otro remedio y tengamos que salir a la calle a manifestarnos, no lo tengamos que hacer de rodillas, sino con la cabeza bien alta, porque de hecho la protesta en ocasiones se convierte en una obligación, ya que es la última salida para defender la rentabilidad de nuestras explotaciones y una vida digna para nuestras familias.
Concretamente, las organizaciones agrarias y las cooperativas de leche de Castilla y León nos manifestábamos conjuntamente el día 9 de marzo a las puertas de Alimentaria para mostrar nuestra disconformidad con la amenaza de las industrias lácteas de seguir bajando los precios de la leche de una manera unilateral e injustificada, lo que va a ocasionar la ruina de los ganaderos de Castilla y León.
Debemos recordar que a esta amenaza de reducción de entre uno y dos céntimos de euro del precio de la leche se suma la sufrida por los ganaderos en el año anterior, que fue de entre 3 y 4 céntimos por litro. La protesta realizada tenía dos objetivos principales: uno, reivindicar ante las administraciones de esta región la exigencia del cumplimiento estricto de las cuotas para que no se beneficien las industrias e intermediarios de una leche a bajo precio y de la que sacan la máxima rentabilidad; y dos, dar a conocer a la sociedad castellana y leonesa y española que, mientras al ganadero se le está ahorcando con unos precios ridículos, al consumidor le cuesta cada vez más el producto final. Por consiguiente, son los que llevan las riendas de la cadena que hay entre el productor y el consumidor quienes se están enriqueciendo cada vez más de manera rápida y abusiva a costa del trabajo de los ganaderos y del bolsillo de los consumidores.
Por otra parte, el día 12 de marzo, los agricultores regantes de la cuenca del Carrión palentina se manifestaban en las cortes de Fuensaldaña para pedir al presidente de las Cortes, Manuel Estella, como cabeza visible del órgano supremo de esta comunidad, que se diese una solución definitiva a los problemas que padecen. Primero, que acabara con la incertidumbre actual de no contar con una concesión de agua que les permita iniciar, mantener y terminar una campaña de riegos con normalidad, teniendo que estar pendientes de si sobra o no agua para poder culminarla con normalidad; y segundo, que los agricultores paguen por las obras realizadas para facilitar las aportaciones de agua de Riaño al Carrión la parte que la ley de aguas ordena, y no lo que quiere la Confederación Hidrográfica del Duero. Al parecer, este organismo, a costa de las subvenciones europeas Feder para el desarrollo rural y de los agricultores de la cuenca del Carrión, quiere engordar sus arcas, las cuales hasta estos momentos no han servido para financiar ni la mejora de los regadíos de Castilla y León ni la de infraestructuras de ríos, arroyos o regueras, que en tan mal estado se encuentran, y que propician, por cierto, que en años lluviosos los desbordamientos sean tan perjudiciales para las tierras de Castilla y León.
Y otra más. El día 13 la organización agraria ASAJA volvía a manifestarse delante de Agroalimentaria en Valladolid, en protesta por los precios bochornosos de la patata. De todos es conocido que este sector ha padecido altibajos en los precios durante los últimos años, pero lo de este año ha sido especialmente penoso. Desde ASAJA, se ha pedido en innumerables ocasiones que se cree la Organización Común de Mercado de la patata o, que en el ámbito nacional, se arbitre una interprofesional del cultivo que acoja a productores, intermediarios y distribución, para fijar unos precios mínimos. A estas peticiones se han hecho oídos sordos por parte de las administraciones y por quien no le interesa que el agricultor pueda sacar rentabilidad de este producto. Desde luego, las cifras pueden escandalizar a cualquiera: mientras que el agricultor percibe por un kilo de patatas 3 céntimos de euro, al consumidor se le están cobrando 60 céntimos por el mismo kilo. Paralelamente a la concentración de agricultores de Castilla y León, ASAJA regaló, a cambio de un donativo simbólico, 5.000 kilos de patatas para los consumidores vallisoletanos.
Cualquier movilización, manifestación o denuncia que una organización emprende tiene un fin común: conseguir los resultados que en ella se exigen. Pero previamente -desde luego, así sucede en ASAJA- siempre ha primado el diálogo y la negociación. Cuando en esas mesas de trabajo no se nos hace caso, no nos queda otro remedio que manifestarnos en la calle, como lo hemos hecho estos días. No es la primera vez ni será la última, porque tenemos por objetivo defender al sector y conseguir nuestro propósito, eso sí, molestando lo menos posible al resto de la sociedad.
Pero en el ejercicio libre y democrático del derecho a manifestarnos hay veces que nos encontramos con que aquellos que tienen el deber de guardar el orden y también de facilitar las cosas a los ciudadanos, a las organizaciones y a ASAJA cuando salen a la calle a defender sus derechos, incumplen las normas básicas de comportamiento. Me estoy refiriendo principalmente a la carga de la Guardia Civil que el 12 de marzo hizo contra los regantes del Carrión y las organizaciones agrarias, desde todo punto de vista injustificada, abusiva y vergonzosa. De todos los presentes allí, ninguno dábamos crédito a que en 2003 las fuerzas del orden público se comportaran con agresividad casi bélica y cargaran contra los agricultores palentinos. No entendemos que ni la Guardia Civil que dio los palos, ni sus mandos más directos, ni los responsables políticos que les mandan tuviesen esa actuación contra unas personas que, libremente y de manera democrática, exigían sus derechos.
Por ir concluyendo este artículo, llamo a la reflexión de toda las autoridades políticas que tienen algo de representación y competencias en estos temas para que de verdad trabajen y presionen a quien sea necesario para que los productos que con tanto trabajo obtienen los agricultores tengan unos precios dignos. También les pido que, cuando no nos quede otro remedio y tengamos que salir a la calle a manifestarnos, no lo tengamos que hacer de rodillas, sino con la cabeza bien alta, porque de hecho la protesta en ocasiones se convierte en una obligación, ya que es la última salida para defender la rentabilidad de nuestras explotaciones y una vida digna para nuestras familias.
