Lo saben los más prestigiosos economistas, y lo sabemos los agricultores y ganaderos: en lo de la agricultura no hay nada seguro.
No tenemos seguras las producciones, ni tampoco los precios, ni los precios de los medios de producción, y por tanto no tenemos segura una renta, tan siquiera tenemos seguro el poder salvar gastos un año determinado. Hacer agricultura y ganadería es cada vez más una aventura, una aventura muy arriesgada en la que intervienen factores que difícilmente puede controlar un profesional del sector. Y si bien es verdad que esto siempre ha sido así, incluso cuando había un mayor intervencionismo estatal, no es menos cierto que cada año que pasa la situación lejos de mejorar empeora.
Desde nuestra integaración en la entonces Comunidad Económica Europea hace ahora veinte años, y particularmente desde la reforma de la PAC del año 1992, una parte de la renta agraria proviene de las ayudas compensatorias. Y estas ayudas, vinculadas a la situación económica de la Unión y sobre todo a las decisiones políticas que se adoptan en el seno de la misma, se han convertido en unos ingresos de los que no hay garantía que lo que hoy se cobra que se vaya a cobrar el día de mañana también. Una decisión política, por firme y definitiva que sea, se cambia con otra decisión política, y para ello no hace falta tener un argumento, no hace falta que se haya producido un cambio en el escenario económico. La reforma de una organización común de mercado para un cultivo o producción ganadera determina, no da garantías en el tiempo, como tampoco lo da una reforma más en profundidad como lo fue la Agenda 2000 o lo es ahora la reforma de la PAC de junio de 2003.
En la Cumbre de Bruselas del otoño de 2002 se fijaron los gastos agrarios hasta el año 2013, un escenario temporal que daba cierta tranquilidad a los profesionales del sector. El entonces ministro Arias Cañete, y todos los consejeros de agricultura y ganadería afines al Gobierno de entonces, se encargaron de vendernos las bondades de un acuerdo que garantizaba la financiación de las políticas agrarias de la Unión y por tanto garantizaba el mantenimiento de unas rentas en sector. Pues bien, ese acuerdo del más alto nivel, al nivel de Jefes de Estado y Gobierno, empieza a no ser una garantía de nada, y por tanto una vez más en el sector no sabremos a qué atenernos a la hora de afrontar inversiones y proyectos de futuro. No tenemos garantizada la financiación de las ayudas agrícolas ya que en estos momentos se está cuestionando toda la financiación de la Unión Europea en su conjunto, con propuestas de no sobrepasar en las aportaciones el 1% de la renta nacional bruta, se está discutiendo bajar el porcentaje de la PAC en el presupuesto comunitario hasta situarse en el 36% del total, se están discutiendo los fondos estructurales, los fondos de cohesión, los fondos de desarrollo rural, y cobra peso la propuesta de renacionalizar parte de la PAC mediante la cofinanciación de las ayudas.
Nuestros agricultores preguntan por el escenario en el que nos movemos respecto a las ayudas europeas. Y preguntan porque una parte de la renta del sector viene por la vía de las ayudas públicas, y porque en el sector agrario hay que hacer constantes inversiones que se han de amortizar y para ello es necesario saber o intuir con cierta aproximación qué es lo que va a pasar mañana. Y para esta pregunta de nuestros agricultores, nosotros no tenemos respuesta. En la política agrícola común todo es imprevisible, tan imprevisible como el tiempo, tan imprevisible como nuestras cosechas o como los mercados. En este negocio todo es imprevisible. A quien todavía le salgan las cuentas, puede estar seguro de que es un buen empresario, un empresario a prueba de adversidades.
José Antonio Turrado. Secretario Gral. de ASAJA de Castilla y León