El ministro Arias Cañete se ha propuesto llevar adelante la Ley de representatividad agraria. La pregunta es si, tal como se está concebida, va a solucionar o sólo a revolver la cuestión.
Donaciano Dujo. Presidente de ASAJA de Castilla y León
Hace apenas dos años, concretamente el 1 de febrero de 2012, Miguel Arias Cañete comparecía en el Congreso para explicar cuáles iban a ser las líneas generales de la política de su departamento. Ya por entonces sabía que las disponibilidades presupuestarias no iban a ser muchas; eso, sumado al cada vez mayor vacío competencial del Gobierno nacional en materia agroganadera, con Bruselas marcando el paso y las Comunidades Autónomas gestionando los fondos disponibles, le hizo centrar sus compromisos en iniciativas políticas que hicieran ruido pero que precisaran de pocas nueces. En aquella comparecencia en las Cortes el ministro decía: “me propongo impulsar y desarrollar un proceso electoral de ámbito estatal que permita fijar la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias”. Y subrayo lo de “me propongo”, porque recoge muy bien el empeño personal de Arias Cañete en no se sabe si solucionar o revolver el tema de la representatividad agraria.
Para ello, se ha ocupado de deslegitimar un sistema que no hace tanto, cuatro años atrás, recibió el refrendo de las Cortes españolas. Un sistema que tenía en cuenta, como no podía ser de otra manera, elecciones agrarias efectuadas por comunidades autónomas como la nuestra, Castilla y León, cuyos agricultores y ganaderos –incluidos en un ceso muy depurado que garantice su profesionalidad y producción real– desde 1997 han sido llamados a las urnas en cuatro ocasiones, la última en diciembre de 2012. Pero el ministro ha pasado por encima de todas esas elecciones, por encima de todos esos votos. Afirma que su censo, un censo no sometido a consulta ni análisis por las Comunidades Autónomas, incluirá respecto al tradicional “a todos los profesionales de la agricultura”. Suena bien, pero resulta que luego, en la letra pequeña, se considera a un profesional del sector a cualquiera que supere los 3.000 euros de ingresos “agrarios”, no necesariamente vía producción, también vale vía renta o subvención. En la práctica, se legitima como profesional casi casi a cualquiera, algo especialmente sangrante cuando llevamos muchos meses debatiendo y diseñando quién debe ser ese “agricultor profesional” por el que hay que apostar en la nueva PAC.
El modelo que desde ASAJA de Castilla y León defendemos es el de la agricultura profesional. Por supuesto, hay otras personas, otras entidades, que también aportan al sector primario. Pero no parece sensato que valga igual el voto de un profesional al cien por cien, que se sube al tractor, que cada día madruga para atender su ganado, que invierte y arriesga para que la explotación crezca, que aquel que de alguna forma “pasaba por allí”, que mantiene una mínima actividad (y ni hablar queremos de los que ni siquiera la mantienen), pero para los que el campo es solo un complemento.
Por otro lado, desde la experiencia de esas cuatro elecciones ya celebradas en nuestra Comunidad Autónoma, nunca, y cuando digo nunca es nunca, hemos notado que esos nuevos votantes que el ministro está interesado en llamar a las urnas se sintieran concernidos por estos comicios ni reclamaran participar en ellos. Nadie se ha “pegado” por ir a votar a las elecciones agrarias, por el contrario siempre ha sido costoso animar la participación. A lo mejor es que, pese al ruido, lo que quieren es eso: una grandísima abstención. Solo así se entiende que el ministro hable de que se fijaría una urna por cada 1.400 electores. Por tomar una referencia, en Castilla y León había una urna aproximadamente por cada 50 electores. Una cifra quizá pequeña, sí, pero sensible con la realidad de un sector enormemente disperso geográficamente. Para un ganadero que vive en una zona de montaña, ir a votar es perder un día entero de trabajo.
Son dudas razonables sobre un proceso muy costoso –porque organizar y participar en elecciones cuesta dinero, no lo olvidemos, y esto es lo último que sobra hoy en nuestro país– y que debería partir con unas garantías mínimas de consenso con las Comunidades Autónomas y las organizaciones profesionales para que tuviera éxito. Por ello, desde ASAJA de Castilla y León confiamos en que en el trámite parlamentario haya un vuelco total de un proyecto que, con su diseño actual no contribuye a clarificar quién es quién en el sector. Por fortuna los agricultores y ganaderos lo tienen mucho más claro que el ministro.
