En una comunidad autónoma como la de Castilla y León, donde a la vez que hay agua, mucha agua, tenemos la mayor superficie de secano de España, parece obvio que lo más importante es una regulación para disponer del recurso donde y cuando haga falta.
José Antonio Turrado. Secretario Gral ASAJA Castilla y León
En la reunión del Consejo del Agua de la Cuenca del Duero, celebrada el 19 de septiembre, se dio el pistoletazo de salida al proceso que llevará, a finales del próximo año, a la aprobación del nuevo Plan Hidrológico de la Cuenca del Duero para el periodo 2016 a 2020. Un tedioso proceso de consultas que terminará con la aprobación en Consejo de Ministros y su publicación en forma de real decreto, como establece el texto refundido de la Ley de Aguas. En una comunidad autónoma como la de Castilla y León, donde a la vez que hay agua, mucha agua, tenemos la mayor superficie de secano de España, parece obvio que lo más importante es una regulación para disponer del recurso donde y cuando haga falta, y a unos costes que permitan la viabilidad de las explotaciones agroganaderas. Desde ASAJA seguimos manteniendo nuestras propuestas de aumentar la capacidad de embalsado, lo que no significa otra cosa que hacer pantanos y embalses donde sea necesario y los costes sociales y ambientales derivados de ello lo permitan, pero a la vez entendemos que estas inversiones han de postergarse hasta que se haya completado el mapa de la modernización de los regadíos y desarrollado todas las zonas regables declaradas desde hace tiempo como de interés general.
La política de modernización de los regadíos se ha consolidado la mejor opción para apostar por una agricultura moderna y competitiva, una agricultura no tan sujeta a los avatares del clima, de la que surgen alternativas de cultivo, que genera empleo y que por tanto es un elemento dinamizador del medio rural. El nuevo Plan Hidrológico no puede seguir condenando a algunas comarcas, a las que se le ha prometido el regadío desde hace décadas, a que sus agricultores sigan sin ver el agua y los jóvenes emigren en búsqueda de alternativas dudosas, cuando la mejor opción profesional podrían tenerla continuando la profesión de sus padres si llegase ese recurso, el agua, que en el peor de los casos multiplica la productividad por cuatro o por cinco con respecto al secano.
Y no solamente de aguas superficiales debe ocuparse el Plan Hidrológico, pues una buena parte de Castilla y León hace agricultura de regadío extrayendo el agua de las entrañas de la tierra mediante sondeos, invirtiendo en ello mucho dinero con pocos recursos públicos. En la nueva etapa, se ha de revisar las restricciones que se vienen aplicando en algunos acuíferos y ser más permisivos si, como todo apunta, la sobreexplotación de los mismos no es lo que se dice, permitiendo sobre todo nuevas concesiones para los jóvenes y para la agricultura profesional. Y en ningún caso se ha de poner trabas a la extracción de caudales inferiores a 7.000 metros cúbicos, que son las autorizaciones que solicitan quienes pretenden montar una actividad ganadera o una pequeña industria local.
Por último, sería bueno que algún día haya una política agraria única en la que se pongan de acuerdo las diputaciones, la Junta –con todas sus consejerías-, el ministerio de Agricultura, y organismos autónomos como la Confederación Hidrográfica del Duero. Una política agraria única en la que todos colaboren y no tire cada uno para su lado, y que todos tengan como objetivo ayudar a los agricultores y ganaderos en vez de estar mirando cómo hacerles la vida imposible.
