Conclusiones del seminario «Desarrollo rural y calidad alimentaria», celebrado en Burgos
A principios de octubre se celebró en Burgos el «Seminario Internacional sobre Desarrollo Rural y Calidad Alimentaria», organizado por el Ministerio de Agricultura, la Junta de Castilla y León, el Instituto de Desarrollo Comunitario y la Asociación Internacional RED, con la colaboración de la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea. El objetivo del seminario era llevar a debate una propuesta global de Política de Desarrollo Rural integral y sostenible a aplicar en el conjunto de los territorios rurales. Las conclusiones de este Seminario, que a continuación reproducimos, son el resultado del debate amplio y abierto sobre la base de los documentos aportados por los departamentos participantes. ASAJA de Castilla y León también estuvo allí, representada por su presidente regional, Donaciano Dujo, y el provincial, Santiago Carretón.
El desafío de la ampliación
Los territorios rurales ocupan el 80 por ciento del territorio de la Unión Europea y en ellos se asientan alrededor del 20 por ciento de su población. Son una realidad muy variada con ciertas características comunes, y con menores dotaciones de servicios, por lo que estos territorios demandan políticas y acciones integradas que permitan su reconversión y viabilidad en el conjunto de la Unión Europea.
Pero además, el éxito de la ampliación es un nuevo desafío que exige la consolidación de una vida social y económica activa en los nuevos territorios rurales. Por eso, la política regional deberá aportar soluciones justas, apropiadas y permanentes para las actuales zonas de Objetivo 1 (en su mayoría eminentemente zonas rurales) que, con la ampliación, dejarán de tener aquella consideración. Igualmente se deberán aportar soluciones para aquellos territorios que, al dejar de ser Objetivo 1 por otras razones, presenten una problemática rural. En ambos casos, deberán establecerse mecanismos transitorios de financiación para estos territorios.
Estructura en reconversión
La Política Agrícola Común es hoy insuficiente, por sí sola, para garantizar el desarrollo de los territorios rurales. Sin embargo, la conservación del empleo agrícola, la preservación del paisaje y la biodiversidad, y evitar la degradación de los recursos, son argumentos en favor del mantenimiento de la PAC. Lo mismo que asegurar el cumplimiento de las funciones territorial, social, ambiental, y de calidad y seguridad alimentaria, que la sociedad asigna a los agricultores.
La multifuncionalidad agraria no es una respuesta suficiente; los demás sectores profesionales deben ser objeto de animación e incentivos específicos para lograr un desarrollo sostenido, diversificado y equilibrado de la sociedad rural.
Una Política Rural Europea
Implantar una verdadera política rural europea es una condición indispensable para garantizar la cohesión territorial de la Unión y el éxito de la ampliación. Una política que debe estar en consonancia con los principios de la Declaración de Cork, y que, con carácter horizontal, deberá aplicarse en todos los territorios, y coordinar la acción de otras políticas de la Unión: agrícola, de cohesión, medioambiente, sanidad y educación, etc., de manera integrada. De la misma forma, esta política se aplicará también con carácter transversal, incorporándose al resto de las políticas de forma similar a como ocurre con el medioambiente y la igualdad de oportunidades.
Asimismo, se hace necesario estrechar la relación entre lo rural y lo urbano, enmarcando esta dimensión territorial en los objetivos de cohesión, y apostando por un desarrollo equilibrado y policéntrico.
Los objetivos de la política de desarrollo rural se enmarcan en la cohesión territorial de la Unión y se proponen: la consolidación de las economías locales; la creación y refuerzo de las redes de cooperación e intercambio; la reorientación de una agricultura multifuncional, y la preservación de la biodiversidad, el medio ambiente y el espacio, desde la perspectiva del desarrollo sostenible. Dichos objetivos deben lograrse a través de: participación social (enfoque ascendente), institucional (subsidiariedad), y de igualdad de oportunidades, así como de valorización del patrimonio y de las culturas rurales en su diversidad.
La Cooperación y el método LEADER
Las políticas deberán ser aplicadas y puestas en práctica mediante la cooperación Unión Europea-Estados miembros-regiones, y también mediante fórmulas de cooperación sociedad civil-administraciones locales.
La cooperación se presenta como una estrategia imprescindible para la integración europea, y más con la adhesión de los diez nuevos países. Urge incentivar el campo de las interrelaciones a escala territorial, tanto de carácter interregional como transfronterizo y transnacional, como una exigencia más de la Constitución Europea.
En los territorios rurales se han ido ensayando diversas fórmulas de cooperación social y económica que han revelado una gran efectividad a escala empresarial, de creación de empleo, y de igualdad de oportunidades; de consolidación de PYMES y de superación de limitaciones tecnológicas, financieras, de I+D, etc. Conviene así, seguir reforzando estas fórmulas en la nueva política rural europea, en beneficio de una real integración y cooperación reforzada.
Asimismo, se hace necesario proseguir en el próximo periodo de programación, con el apoyo a este enfoque de todas las administraciones implicadas, bien sea a través de una iniciativa comunitaria específica, tipo Leader, o bien a través de los propios programas operativos, semejante al Proder español, y ya sea a través de fórmulas de participación como las actuales u otras que, en su caso, puedan desarrollarse y aseguren la cooperación concertada de la sociedad civil con las administraciones competentes.
Nuevos ámbitos de actuación (despiece)
Para lograr una mayor diversificación económica de los territorios rurales, además de los ámbitos de actuación incluidos en anteriores periodos de programación, se considera necesario ampliar las acciones referidas a la formación técnica agraria y no agraria, y a la formación de apoyo al desarrollo; fomento de pequeñas y medianas empresas; servicios de proximidad; incentivos al empleo, en particular de mujeres y jóvenes; mejora de los servicios a escala local y territorial y, en general, todo aquello que contribuya al fin de consolidar la vida en los territorios rurales.
En la financiación de las actuaciones deben prevalecer los principios de subsidiariedad, descentralización financiera y concertación, a escala territorial, junto con la transparencia y evaluación continua, en la aplicación de los fondos.
A este respecto, la experiencia pone de manifiesto la necesidad de que todos los fondos aplicables sigan un mismo procedimiento de programación, concesión, gestión, participación, pago, control y evaluación.
