Recientemente el consejo de ministros aprobaba dos decretos que desarrollan la Ley de mejora de la Cadena Alimentaria. Sobre el papel todo es positivo, aunque habrá tiempo de ver cómo se desarrolla.
Donaciano Dujo. Presidente de ASAJA de Castilla y León
Hace pocos días una mujer llamaba a nuestras oficinas para contarnos un problema que había tenido como clienta en una conocida red de supermercados. Intentó comprar una bolsa de patatas y, aunque había de varias marcas, en teoría españolas, al leer las etiquetas con atención comprobó que eran importadas. Esta amiga, pues así la consideramos a partir de ahora, preguntó a la cajera que por qué no había ninguna patata de nuestra tierra, cuando había visto estos meses en los periódicos que se había pagado tan mal a los agricultores y que esta campaña había sobrado patata. El siguiente paso fue llamar al teléfono de atención al cliente, donde la despacharon con un “es que no hay patata de calidad aquí”.
Ojalá siempre hubiera una persona comprometida con la defensa de lo nuestro para rebatir los torpes argumentos en los que con demasiada frecuencia se escuda la distribución para hacer lo que le da la gana. Todavía no estamos tan concienciados como los franceses en el compromiso con el producto de la tierra, pero se está avanzando.
Lo que de verdad temen y frena estas situaciones es que el consumidor deje de comprarles: no les duele el corazón, sino el bolsillo. Parecida filosofía hay detrás de la Ley de mejora de la Cadena Alimentaria, que hace pocos días el consejo de ministros desarrollaba a través de dos decretos. Esta normativa, reivindicada repetidamente desde el sector productor (el eslabón más débil de la cadena, especialmente desde que la distribución tiene la sartén por el mando) va más allá del terreno de las sugerencias a las penalizaciones para “prácticas comerciales” (por no decir pillerías) como la venta a pérdidas o la utilización de productos como reclamo para atraer clientela, como con demasiada frecuencia ocurre con el cartón de leche. También aboga la normativa por la suscripción de contratos con un precio cierto y un plazo de cobro, que dé una mayor transparencia y seguridad a las transacciones de la cadena alimentaria.
Sobre el papel todo es positivo, aunque habrá tiempo de ver cómo se desarrolla y si no hay quien encuentra las vueltas para que algo nacido para que todos los eslabones reciban una justa remuneración acabe atornillando de nuevo a los de abajo, a los agricultores y ganaderos. Un equilibrio entre todas las partes que componen el sector agroalimentario tiene, como dice la ministra, que servir para reforzar su competitividad, no para que los grandes grupos sean competitivos solo ellos, a base de avasallar al resto. En todo este proceso, en ASAJA estaremos vigilantes, y de hecho en estos meses ya se han trasladado denuncias a la Agencia de Información y Control Alimentario. Es cuestión de tiempo, perseverancia del sector, apoyo del consumidor y sobre todo, vigilancia por parte de la administración, que este sistema dé sus frutos.
* Artículo publicado en el suplemento Mundo Agrario de El Mundo de Castilla y León, el jueves 12 de febrero de 2015.
