Denuncia la política de la UE respecto al agua, dictada por países que no conocen la sequía para después aplicarse en España, y reclama más infraestructuras hidráulicas

La organización agraria ASAJA de Castilla y León pide a la Unión Europea que haga una profunda reflexión sobre las políticas medioambientales que ponen en serio riesgo la rentabilidad de las explotaciones agrarias, y lo hace coincidiendo con la reunión informal que celebrarán en Valladolid, del 10 al 12 de julio, los ministros de Medio Ambiente, con motivo de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea.

Respecto a la propuesta de reducir el 50 por ciento el uso de plaguicidas, y el 20 por ciento el uso de fertilizantes, con el horizonte del año 2030, ASAJA considera que cumplir este objetivo no es posible sin comprometer la viabilidad de muchas explotaciones, sobre todo las de terrenos más productivos de secano y de regadío, y, lo que es todavía peor, sin comprometer la soberanía alimentaria de la Unión Europea. La medida restaría competitividad a la agricultura europea en los mercados internacionales, y, si se aplicase en todos los países del mundo, pondría más difícil todavía el acceso a alimentos básicos para millones de habitantes.

La retirada de un 10 por ciento de tierras de cultivo para destinarlas a otros usos no productivos es, en opinión de ASAJA, un retroceso en las políticas agrarias que recuerda tiempos ya pasados, y que fueron un fracaso, en los que se incentivaba para no producir. Retirar tierras de la producción no reporta mejoras medioambientales, y, por el contrario, contribuye a degradar el paisaje y a fomentar los incendios forestales, cuestión esta última muy importante en regiones áridas como Castilla y León.

ASAJA pide también a la Unión Europea que reconsidere el objetivo de destinar un 25 por ciento de las tierras de cultivo a cultivos ecológicos. Es un objetivo tan ambicioso que resulta imposible de poder cumplirse, y de hacerlo elevaría los costes de la cesta de la compra a los ciudadanos europeos, ya ahogados por la inflación, además de minar la competitividad a los productos europeos en los mercados internacionales.

ASAJA denuncia también el objetivo de reducir en los próximos años el uso de antibióticos en ganadería en un 50 por ciento, lo que restaría competitividad a un sector ganadero que necesita de la exportación hacia terceros países. Además, este objetivo colisiona a veces contra de las normas de bienestar animal que promulga también la UE, puesto que un animal enfermo al que no se le prestan los tratamientos curativos oportunos, es un animal abocado al sufrimiento.

ASAJA de Castilla y León denuncia también la política de la Unión Europea respecto a las aguas, una política que se dicta por países que no conocen la sequía para después aplicarse con rigor en países como el nuestro, España, donde llueve poco, para el que la política hidráulica es un factor clave de desarrollo. Castilla y León necesita seguir invirtiendo en infraestructuras hidráulicas, tanto de nuevos regadíos como de modernización de regadíos, y tienen que planificar una política a largo plazo de aumento de las reservas de agua, haciendo nuevos embalses y recargando acuíferos. La política europea no puede poner cortapisas a ello.

En línea con la postura que viene manifestando la Junta de Castilla y León, ASAJA exige a los ministros de Medio Ambiente que se tomen en serio el problema que está ocasionando en determinados territorios la proliferación de la fauna salvaje, y en particular los grandes carnívoros, como el lobo. La organización agraria aboga por el control de las especies para evitar sobrepoblaciones que ocasionan daños ambientales, daños en la ganadería, y que son fuente de propagación de enfermedades, como la peste porcina o la tuberculosis bovina.

Por último, ASAJA cuestiona ciertas medidas de condicionalidad de la reforma de la PAC, como son la rotación, la diversificación, la retirada de tierras, las limitaciones en labores o la obligación de dejar franjas sin cultivar en los cauces de agua, y cuestiona unos eco regímenes que obligan a prácticas que reducen los ingresos de los agricultores profesionales. En definitiva, la organización cuestiona las políticas europeas que van en contra la agricultura profesional y productiva, que tiene como principal objetivo producir alimentos sanos y de calidad a precios asequibles para la población.