ASAJA se ha dirigido a los consejeros de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, y al consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, para solicitar que la Junta admita dos modificaciones en la Ley 2/2022, de 1 de diciembre, de rebajas tributarias en Castilla y León, que permitan la ampliación de la bonificación de la tasa por la prestación de servicios veterinarios, así como que todos los profesionales puedan beneficiarse de la rebaja en la cuota de arrendamiento de fincas rústicas.
Tasa por prestación de servicios veterinarios
Respecto a la tasa por servicios veterinarios, se trata de una bonificación aplicable al 100% al pago de la tasa por la prestación de servicios veterinarios, que se aprobó como medida de apoyo al sector afectado por las subidas de precio de los insumos y la elevada inflación, con una vigencia inicial de solo tres meses, en concreto desde el 13 de diciembre hasta el 13 de enero, por lo que a fecha de hoy ya se están abonando.
Desde ASAJA hemos solicitado que se mantenga dicha bonificación puesto que estos profesionales siguen afectados por esa subida de precios, a los que hay que sumar otros gastos que no se contemplaban en la justificación de esa bonificación en la ley, tales como la lengua azul o el saneamiento de terneros, que exigen utilizar más frecuentemente los servicios veterinarios.
Teniendo en cuenta que el sector agrario es el único pilar clave para el desarrollo económico del medio rural y, al igual que ocurre con otras tasas como las licencias de caza y pesca bonificadas durante todo el año 2023, desde nuestra organización consideramos que se deben eliminar aquellas que entorpecen la producción alimentaria como, en este caso, las veterinarias en las peticiones de parte.
Bonificación de la cuota del impuesto por arrendamiento de fincas rústicas
Por otro lado, ASAJA pide al consejero que interceda con una segunda petición, cursada por nuestra organización el pasado 22 de febrero. Desde ASAJA enviamos una carta al consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, solicitando la modificación de la Ley de rebajas tributarias, en concreto del artículo que establece la bonificación del 100% de la cuota del impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas a los arrendamientos de fincas rústicas. Para la organización agraria, deben poder acogerse a esta medida todos los agricultores profesionales que estén dados de alta en la Seguridad Social como cotizantes en la actividad agraria y ganadera. Algo que, tal como se ha redactado este artículo, no es posible, puesto que se supedita a que el agricultor sea titular de una explotación agraria prioritaria. Este requisito es imposible de conseguir de manera ágil y sin un coste que muchas veces es incluso mayor que la propia bonificación. Además, la mayoría de las explotaciones tienen múltiples contratos de arrendamiento, por lo que para lograr esa certificación el agricultor tendría que multiplicar este procedimiento por cada uno de los contratos, una burocracia inabarcable y cara.
