Celedonio Sanz Gil
El final del año 2022 y el principio del nuevo ejercicio 2023 se avecinan con un aluvión de nueva normativa en el sector agrario y alimentario que habrá que tener muy en cuenta y marcarán sin duda el próximo devenir del campo. En estos momentos de inflación desatada en los precios de los alimentos, con elecciones de todo tipo a la vista, nadie puede estar seguro de lo que nos vendrá y si cualquier Administración se apuntará a incrementar este tsunami legislativo que azota al sector agroalimentario. Aquello de que al campo no se le podían poner puertas ha pasado a la historia. Ahora el sector está lleno de compartimentos, y cada nueva Ley o reglamento es una compuerta más. Podemos hacer un breve repaso.
Cuando lean estas líneas, el Congreso de los Diputados ha aprobado ya la nueva Ley de la PAC, y estarán listos los 10 decretos que todavía están pendientes de los 18 que deben complementar su cuerpo normativo. Nuevos decretos en materia de fertilizantes o fitosanitarios que también deben salir antes de fin de año, que habrán de regular sus procesos de fabricación y a ver si es posible que controlen sus altísimos precios.
Solo leerlos será un suplicio, aplicarlos, que es lo que les toca a los agricultores y ganaderos, con todas las Administraciones agrarias mediante, será un nuevo calvario, y cada uno deberá buscar un cirineo que le ayude a cargar con esta cruz.
En esta implantación normativa hay que apuntar que la Ley de la Cadena Alimentaria, en vigor desde el 16 de diciembre de 2021, difirió hasta el inicio de 2023 la puesta en marcha del Registro de Contratos Alimentarios. Esto supone la obligación normativa de registrar sus contratos para todos aquellos que compren algo de su producción a productores primaros, o asociaciones de estos, cooperativas y sociedades agrarias. En estos se incluye a los primeros compradores de leche cruda y a las compañías integradoras del sector ganadero. La remisión de dichos contratos, según el artículo 11 de dicha Ley, deberá ser previa a la entrega del producto. ¿Lo conseguirán?
Al final volverá a haber cierta flexibilidad para su implantación y se verá que la misma Administración no está preparada para garantizar una gestión adecuada de estos registros. Los líos que puede generar todo esto son formidables y se acumularán, de nuevo, los incumplimientos de esta Ley de la Cadena Alimentaria que de muy poco ha servido. En este país parece imposible frenar la descomunal diferencia de precios entre lo que paga el consumidor y lo que recibe el productor, aunque esta Ley de la Cadena Alimentaria obliga a que todo incremento de coste se traslade por completo al siguiente eslabón, de esa cadena, para evitar las ventas a pérdidas.
Habrá que estar atentos a la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminantes que obliga a los comercios minoristas de alimentación a destinar, a partir del 1 de enero de 2023, al menos el 20 por ciento de su superficie de ventas a productos sin embalaje, a granel o con envases reutilizables. A lo que hay que sumar el famoso impuesto a los envases plásticos de un solo uso, 0,45 euros por kilo para el plástico no reciclado fabricado o importado en España. En estos casos también será necesario realizar un desarrollo reglamentario que precise su aplicación.
Junto a todo esto, en 2023 se debe confirmar la tendencia de entrada de nuevos inversores y nuevos usos de los terrenos agrícolas en tres direcciones.
La primera. El temor a una recesión por el efecto de los altos precios de los productos energéticos y a una crisis en el sector inmobiliario urbano ha hecho que el campo y la alimentación vuelvan a ser considerados un sector refugio para los inversores. Las compras de suelo agrario han aumentado de forma considerable y en este caso el motivo no está ligado a futuras recalificaciones. Los inversores buscan un valor seguro, estable, en terrenos que puedan revalorizarse con las nuevas tendencias ecológicas de la sociedad y que garanticen el acceso al agua, un bien cada vez más escaso y apreciado.
En segundo lugar, el desarrollo de energías renovables, sobre todo plantas fotovoltaicas para energía solar, granjas solares, que cuentan con sus propias normativas de fomento y subvención. Al final, supone retirar tierras de pasto y cultivo. Es una competencia desleal para los profesionales del campo o las gentes del medio rural, y supone un obstáculo más para jóvenes agricultores que ya tienen enormes dificultades para obtener una base de tierra suficiente para montar su propia explotación.
En tercer lugar, hay que estar atentos a los movimientos en el mercado agrario de sociedades y empresas de carácter ecologista, verde o sostenible, que cuentan con un apoyo social y normativo muy importante en toda Europa y que pretenden hacer del campo un reservorio natural con técnicas, en muchos casos enfrentadas al campo tradicional. En esta línea, ha surgido Greentastic, la que se considera primera gran plataforma “veggie” que puede inyectar una importante liquidez en este mercado y generar movimientos en cadena de las denominadas “farmland funds”. Sociedades cuyos principios fundacionales son “la protección de la biodiversidad y los espacios naturales”.
Esta perspectiva “green” ya está consolidada. Las normas de desarrollo de la PAC van todas en esa línea, el 42 por ciento de los fondos irán al paquete “verde”. Una política de oposición es desde todo punto de vista inconveniente. Hay que aprovecharlo y dejar claro que los agricultores y ganaderos y la explotación familiar agraria son los primeros y mejores conservadores del medio ambiente.
