Donaciano Dujo. Presidente de ASAJA Castilla y León
En estos días concluyen el plazo para presentación alegaciones al borrador del Proyecto del Plan Hidrológico del Duero 2022-27. Once mil trescientos folios, ni más ni menos, han completado los funcionarios de la CHD. No es de extrañar que luego haya un atasco en la resolución de expedientes, por ejemplo, de las comunidades de regantes de aguas subterráneas, o solicitudes de los agricultores y ganaderos para tener un pozo o modificar el que tienen, y hasta para conseguir que te autoricen a limpiar una reguera. En ASAJA hemos tratado de analizar un documento muy complejo que tendrá una repercusión directa en los agricultores y ganaderos.
Y ¿qué hay detrás de esos 11.000 folios? El primer objetivo es ahorrar agua, y la Confederación elije la vía más fácil: ni un regadío más, y menor dotación para los ya existentes, es decir, cortar el consumo, no ampliar recursos, que sería lo deseable. Segundo, recaudar: habrá mayores tasas e impuestos sobre el uso, incluso se sopesa poner precio al propio agua. Tercero, poner límites a la actividad agrícola: establece mayores trabas burocráticas y medioambientales en abonados y tratamientos tanto en tierras de regadío como de secano. Y cuarto, eliminación progresiva de medidas de contención de los ríos: la Confederación opta por la mínima intervención, es decir, vía libre a las riadas, que cuando acaben ya volverá el cauce a su sitio.
En otras circunstancias, podríamos creer que la Confederación está marcando unos máximos sobre los que, tras escuchar a los afectados, y el sector agrario lo es en principal medida, negociaría unas medidas sensatas, que permitieran la sostenibilidad del recurso y la continuidad de su uso. Pero en este momento solo podemos temer lo peor, puesto que el ministerio del que depende el organismo de cuenca está liderado por el equipo más radical que hemos conocido, con Teresa Ribera al frente. Y todo esto lo quiere hacer el Ministerio de Transición Ecológica a cuenta de otros, porque de los 2.743 millones presupuestados para el plan, piensa asumir apenas la novena parte. El resto, que paguen a escote la UE, las comunidades autónomas, las entidades locales y, por supuesto, los propios regantes.
ASAJA dice “no” a este plan hidrológico diseñado desde los despachos, y trabajaremos por lograr un frente común con el resto de las organizaciones, y por supuesto con la Junta de Castilla y León, contra su imposición sin consenso con nuestro territorio. Un territorio en el que, no lo olvidemos, hay solo un 15 por ciento de superficie de regadío, cuando la media española está en un 23 por ciento, y en comunidades autónomas con mucha menos capacidad hídrica, como Andalucía, llega al 28 por ciento. Si hoy Castilla y León cuenta con 550.000 hectáreas de riego, en buena lógica el objetivo debería ser alcanzar 850.000 hectáreas, para igualarnos a la media española.
Pensamos que es particularmente insensata la propuesta de la CHD de “invitar” a que los agricultores transformen hectáreas de regadío en secano. Una pretensión que revela el profundo desconocimiento de la realidad de nuestras explotaciones, que soportan un grave problema de rentabilidad, y para las que el regadío es una promesa de sostenibilidad y futuro, como se prueba en que son precisamente los núcleos con regadío en los que se asienta más población joven. Eso sin olvidar los problemas de abastecimiento de alimentos que implicaría mermar la superficie de regadío, justo la más productiva.
Pero todo esto no parece preocupar a la Confederación y al Ministerio, que parecen trabajar por expulsar la actividad agraria y hasta los pueblos del territorio para que las inundaciones discurran por donde les plazca.
