José Antonio Turrado. Secretario General ASAJA Castilla y León
El Gobierno de Juan Vicente Herrera, a lo largo de las muchas legislaturas que ahora agota, ha dejado claro que su prioridad en la interlocución socioeconómica pasa por escuchar a CECALE como organización empresarial, y a los sindicatos de clase UGT y Comisiones Obreras como representantes de los trabajadores. Los demás, otras organizaciones de distintos ámbitos, incluido el agrario, lo ha considerado como un estorbo, como algo que está ahí y, ya que no se puede controlar y suprimir, que tenga el menor margen posible de movimiento, de relevancia, de influencia sobre las esferas de poder. Cuando le pareció poco el blindaje al que tenía sometidos a los sindicatos de clase y a la patronal empresarial en presencia institucional y en golosas subvenciones, lo plasmó en una ley, la del Diálogo Social, para atribuirle todavía más competencias, más dinero público, y más relevancia institucional. Considero que los beneficiarios de estas prebendas lo han sabido agradecer puntual y generosamente, y que por lo tanto la decisión de Herrera, desde el punto de vista de la rentabilidad política, ha sido acertada.
El boicot de los elegidos para el diálogo social, el resto de fuerzas sociales y económicas, es lo que ha llevado a la Asociación de Trabajadores Autónomos, con gran relevancia mediática, a tontear con CECALE de cara a un proceso de integración. Es evidente que las leyes y las decisiones políticas están pensadas para que la interlocución pase por los tres actores que he mencionado, y quien no esté ahí, sencillamente, no será relevante, encontrará todas las puertas cerradas, no recibirá apoyos, se le escuchará a regañadientes, y terminará por abandonar salvo que su moral esté a prueba de bombas.
La excepción a esta situación general, o si se quiere una de las pocas excepciones, está en las organizaciones profesionales agrarias, a las que tampoco se nos ha querido en el “diálogo social”, y a las que en muchos de los gobiernos de Herrera se nos ha tratado francamente mal, incluido el actual. Los del “diálogo social”, y los consejeros de Herrera, no pueden con las organizaciones profesionales agrarias porque tenemos detrás un gran respaldo de socios que pagan la cuota, que van a votar en las elecciones agrarias, que participan en las actividades de las asociaciones, que reciben multitud de servicios de sus sindicatos agrarios –que por otra parte son fuente de financiación–, que responden a las llamadas de actos reivindicativos, y que se sienten a gusto en unas estructuras con líderes por lo general sólidos, competentes, profesionales e independientes.
Es muy fácil ser sindicalista o dirigente empresarial de moqueta, estar al frente de asociaciones bien subvencionadas, ir de comparsa a los actos oficiales, y ser condescendiente con el poder, con quien mande en cada momento. Algunos de estos se retiran después a cargos políticos o de otra índole, algo que al parecer también les compensa de los desvelos anteriores. Por el contrario, cuando el planteamiento es dirigir una asociación que no goza de las simpatías de los gobernantes y que no recibe generosas ayudas públicas, y por lo tanto la tienen que financiar los socios con cuotas y servicios, los cargos se convierten en cargas. Aunque eso no debe de ser obstáculo para seguir haciendo las cosas con ilusión y ganas.
