ASAJA ha presentado una veintena de alegaciones al anteproyecto de Ley de Montes de Castilla y León, ya que considera que contiene varios aspectos que perjudican a agricultores y ganaderos, entre ellos, la desaparición en la Comunidad Autónoma de más
La OPA se opone especialmente a una de las disposiciones transitorias, en concreto la cuarta, que indica que los aprovechamientos por cultivo agrícola actualmente vigentes en montes de utilidad pública sólo podrán ser objeto de una prórroga por un máximo de diez años. ASAJA entiende que, de aplicarse esta disposición, se perderían en la región más de 300.000 hectáreas de superficie agraria útil, lo que supondría dejar de percibir al año unos 45,08 millones de euros de ayudas PAC, más la pérdida de la rentabilidad propia de los cultivos.
La mayor parte de esta superficie son masas comunales de municipios que se roturaron en los años cincuenta, cuando eran grandes las necesidades alimenticias en España. El uso de estas masas, subastado periódicamente, inicialmente recaía en agricultores del mismo pueblo, aunque en los últimos años, con la despoblación creciente del medio rural, concurrían profesionales de otros municipios colindantes. ASAJA entiende que este uso agrario está generando ingresos económicos para el campo, independientemente de que el agricultor sea vecino del pueblo titular o de otro cercano. Además, la organización considera que no está claro el beneficio medioambiental directo de dejar de trabajar estos terrenos, más si se tiene en cuenta que difícilmente tendrán asegurada una reforestación adecuada: basta con observar que ni siquiera hay presupuesto suficiente para repoblar superficie catalogada como forestal que hoy está abandonada al avance del matorral.
También le preocupa a la OPA otra de las alegaciones, la que define el concepto de monte, porque considera como tal “los eriales procedentes de abandono de cultivo agrícola cuya pendiente sea superior al 25 por ciento, o cuente con más del 20 por ciento de superficie cubierta por regenerados de especies arbóreas”. Para ASAJA, esta consideración conllevaría serias restricciones para seguir aprovechándose como agrícola. Una parcela en esta situación sería registrada por la Gerencia Catastral y, por tanto, quedaría excluida de la posibilidad de solicitar ayudas de la PAC.
Por otra parte, ASAJA considera que el anteproyecto no recoge un aspecto importante, como es el vacío legal que existe en estos momentos sobre las distancias que han de guardarse en las plantaciones forestales con respecto a las propiedades colindantes. En este momento, se trata de una competencia municipal, regulada por ordenanza, lo que da lugar a situaciones de todo tipo condicionadas por el interés político del momento y tiene dificultades de aplicación en muchos casos, debido a los pocos medios que tienen los ayuntamientos para hacer cumplir sus propias normas. ASAJA estima que la ley debería establecer un marco general, al que después se adaptasen las ordenanzas municipales, en el que se marque la necesidad de respetar unas distancias de las plantaciones forestales respecto a propiedades colindantes, según sean terrenos forestales, rústicos, secanos o regadíos o propiedades urbanas.
