ASAJA de Castilla y León ha denunciado la incongruencia que supone que la ayuda a la forestación de tierras agrarias, creada en su día para devolver la vocación forestal original a tierras marginales de cultivo, acabe por beneficiar a cualquier otro
La orden, publicada este mes de diciembre, marca una serie de grupos de prioridad. Sólo a título de ejemplo, citar que el primero se reserva a las solicitudes que incluyan la declaración de impacto ambiental para los terrenos objeto de forestación, y el segundo a aquellas cuyos terrenos pertenezcan “a sociedades constituidas como consecuencia de un proceso de concentración parcelaria, y que incluyan una o varias superficies continuas de actuación siendo todas ellas superiores a 10 hectáreas”. Aunque luego se añade que dentro de cada uno de estos grupos tendrán prioridad las solicitudes de ATP, lo cierto es que, de manera “muy elegante” se está alejando a los agricultores de la ayuda. “A poco que se conozca la región, se sabe que prácticamente todos los ATP que optan por la forestación de tierras agrarias presentan superficies muy pequeñas, inferiores a 5 hectáreas. Unas dimensiones mínimas que suponen una ayuda mínima también, y que en ningún caso justificaría el gasto de preparar una declaración de impacto ambiental”, señala ASAJA. “De esta manera –prosigue la organización agraria– se favorece veladamente a propietarios de grandes superficies y a entidades locales con masas comunales”.
La OPA considera una gran injusticia que se acaben utilizando fondos agrícolas –puesto que el programa de forestación de tierras agrarias está incluido en el paquete de medidas de acompañamiento de la PAC– para sufragar inversiones que deberían nutrirse de otras partidas. Este cambio de normativa supone quizá el “empujón” definitivo para expulsar al agricultor del programa, “y eso que su protagonismo ya era escaso, ya que apenas es protagonista del 5 por ciento de las solicitudes, algo que confirma el hecho de que la superficie media por solicitud sea de cerca de 25 hectáreas, muy por encima de las dimensiones que presenta un agricultor”.
Por otro lado, ASAJA no puede más que lamentar el hecho de que este cambio de normativa se haya hecho sin consultar si quiera a los afectados. “Es al menos chocante que una línea que se llama forestación de tierras agrarias se modifique sin convocar a los agricultores o, si quiera, sin enviarles un borrador para que opinen”, señala, y critica la actitud de la Consejería de Medio Ambiente al acometer esta reforma “de puntillas”.
Finalmente, ASAJA lamenta la decadencia de este programa de forestación, que ha ido perdiendo gas desde que se pusiera en marcha, en el año 1993: basta con verificar la pendiente a la baja que ha experimentado el número de hectáreas acogidas cada año, pasando de las más de 25.000 de 1994 a las cerca de 9.000 del año 2000.
