La opinión de ASAJA es clara: oposición rotunda y sin fisuras a la propuesta de reforma de la Política Agraria Común propuesta por Franz Fischler y aprobada por la Comisión Europea, una propuesta que supone una amenaza clara para los pueblos de Casti
Donaciano Dujo, presidente de ASAJA, entiende que hay motivos justificados para pedir que se “levanten en armas” contra la reforma no sólo agricultores y ganaderos, sino también todos aquellos que amen el medio rural y que comprendan que sólo si sigue habitado podrá mantenerse. Fischler apuesta por una reducción todavía mayor a la actual del precio de intervención de los cereales, que quedaría en 9,5 céntimos (15,9 pesetas), una cifra irrisoria que no compensaría los costes de producción. Esto, unido al “desacople” de las ayudas respecto a la producción, “transformará a todas las zonas cerealistas de Castilla y León en un desierto”, recalca Dujo.
Por otro lado, ASAJA quiere transmitir una vez más su oposición a la modulación de las ayudas, inaceptable cuando se pretende aplicar a las ayudas recibidas por los agricultores y ganaderos profesionales, cuyas familias viven de la renta que proporciona sus explotaciones. Una modulación en la que para nada se han tenido en cuenta criterios como la cohesión social y territorial, y que también ignora los diferentes grados de desarrollo existentes en los países de la Unión.
Tampoco se tiene en cuenta la especificidad de Castilla y León a la hora de apuntar hacia los rendimientos como método para medir la cuantía de las ayudas a recibir en caso de que se desacoplen. España es, junto a Finlandia, el país europeo con menores rendimientos por hectárea y, dado que para el desacoplamiento se tendrán en cuenta la media de los ingresos por hectárea obtenidos en los años 2000, 2001 y 2002, queda claro que cualquier agricultor europeo estará muy por encima del español. Encima, Castilla y León tiene que sumar los problemas que ocasiona que la estimación de rendimientos del plan de regionalización esté muy por debajo de sus posibilidades, y que la superficie máxima garantizada para ciertos cultivos, como el maíz, sea insuficiente, lo que ocasiona continuas penalizaciones.
Además, hay que tener en cuenta el considerable número de proyectos de mejora y ampliación de regadío que están en marcha en la región, infraestructuras que de aprobarse la reforma perderían su sentido, y cuyo coste tendrían que soportar los agricultores sin posibilidad alguna de amortización.
Otro sector que se vería muy perjudicado de aplicarse la propuesta de desacoplamiento sería el del ovino-caprino, especialmente el de orientación cárnica. Según las previsiones oficiales, podría descender un 20 por ciento el número de explotaciones, un golpe tremendo e injustificado a un sector que funciona en márgenes de rentabilidad muy estrechos, casi de subsistencia. También acarrearía la reforma la desaparición de un sector en auge en los últimos años, por ser una de las escasas alternativas existentes en la agricultura de nuestra zona, el de los forrajes deshidratados, al desaparecer la ayuda.
Son amenazas de una gravedad severa que, en opinión de ASAJA, exigen una respuesta contundente y dura por parte de nuestros responsables políticos para conseguir que en estos meses que anteceden la definitiva aprobación de la propuesta de Fischler se logre un veto del documento o, al menos, una modificación sustancial de su aberrante contenido.
