ASAJA de Castilla y León ha pedido a la Consejería de Agricultura y Ganadería que informe con carácter de urgencia a los ganaderos que han solicitado el abandono voluntario de cuota láctea del estado de si su expediente ha sido aprobado.
La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores ASAJA de Castilla y León ha pedido a la Consejería de Agricultura y Ganadería que informe con carácter de urgencia a los ganaderos que han solicitado el abandono voluntario de cuota láctea del estado de si su expediente ha sido aprobado. A pesar de que estas peticiones fueron tramitadas hace más de medio año, los profesionales siguen sin saber si han sido aceptadas, lo que les imposibilita planificar el futuro de sus explotaciones.
La situación es más grave aún si se tiene en cuenta que la normativa obliga a los ganaderos que reciban la ayuda a que abandonen totalmente la producción antes del próximo 31 de marzo: es decir, que el último día hábil sería el 29. “A dos semanas vista no pueden saber si tendrán que echar el cierre a la granja o si tendrán que encontrar comprador para sus animales”, denuncia ASAJA que, manifiesta su disgusto por un retraso administrativo que supone un daño y una falta de respeto para los ganaderos.
Además, no hay que olvidar que, mayoritariamente, las personas que abandonan la producción láctea presentan paralelamente la solicitud de cese anticipado de la actividad agraria –cuyo plazo concluye el próximo día 28 de marzo–, trámite que no se puede realizar hasta que está aceptada la de abandono.
A instancias de ASAJA, el consejero de Agricultura y Ganadería, José Valín, se comprometió en una reunión del Consejo Regional Agrario a prorrogar el plazo del cese anticipado de la actividad agraria como mínimo el mismo periodo de tiempo que se ampliara el plazo de presentación de la PAC. Por tanto, ASAJA entiende que, al menos, la presentación del cese debería prorrogarse durante dos semanas más, más teniendo en cuenta que en este trámite ha de adjuntarse la PAC de la campaña en curso.
Según estimaciones de ASAJA, sería alrededor de 70 los ganaderos que presentaron la solicitud de abandono, de los que casi la mitad son de León. La organización confía en que la Administración demuestre una especial sensibilidad con esta línea de ayudas, ya que generalmente llega a las zonas más marginales de la Comunidad Autónoma, donde hay explotaciones ganaderas de pequeño tamaño y economías casi de subsistencia, por lo que es muy importante garantizar una renta mínima a los ganaderos que abandonan la actividad.
La situación es más grave aún si se tiene en cuenta que la normativa obliga a los ganaderos que reciban la ayuda a que abandonen totalmente la producción antes del próximo 31 de marzo: es decir, que el último día hábil sería el 29. “A dos semanas vista no pueden saber si tendrán que echar el cierre a la granja o si tendrán que encontrar comprador para sus animales”, denuncia ASAJA que, manifiesta su disgusto por un retraso administrativo que supone un daño y una falta de respeto para los ganaderos.
Además, no hay que olvidar que, mayoritariamente, las personas que abandonan la producción láctea presentan paralelamente la solicitud de cese anticipado de la actividad agraria –cuyo plazo concluye el próximo día 28 de marzo–, trámite que no se puede realizar hasta que está aceptada la de abandono.
A instancias de ASAJA, el consejero de Agricultura y Ganadería, José Valín, se comprometió en una reunión del Consejo Regional Agrario a prorrogar el plazo del cese anticipado de la actividad agraria como mínimo el mismo periodo de tiempo que se ampliara el plazo de presentación de la PAC. Por tanto, ASAJA entiende que, al menos, la presentación del cese debería prorrogarse durante dos semanas más, más teniendo en cuenta que en este trámite ha de adjuntarse la PAC de la campaña en curso.
Según estimaciones de ASAJA, sería alrededor de 70 los ganaderos que presentaron la solicitud de abandono, de los que casi la mitad son de León. La organización confía en que la Administración demuestre una especial sensibilidad con esta línea de ayudas, ya que generalmente llega a las zonas más marginales de la Comunidad Autónoma, donde hay explotaciones ganaderas de pequeño tamaño y economías casi de subsistencia, por lo que es muy importante garantizar una renta mínima a los ganaderos que abandonan la actividad.
